Por Cristian Alvarez
Este jueves, tras la divulgación de un informe de la Contraloría, distintos sectores políticos han presentado recursos y acciones para sancionar a más de 25,000 funcionarios públicos que hicieron un mal uso de sus licencias médicas. Tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición han solicitado acciones judiciales para obtener sentencias y sanciones. Desde el Gobierno, el Ministerio del Trabajo ha requerido un plazo de 72 horas para identificar a quienes abusaron de este beneficio. La ANEF ha condenado esta situación y la CPC la observa con atención.
No hay lugar a matices, lo que se hizo es inaceptable, pues se utilizó un “beneficio” en propósitos no asociados a la salud, afectando a quienes realmente lo necesitaban. Ahora, se debe actuar conforme a los procedimientos establecidos para que los responsables devuelvan lo defraudado. Este jueves, diversos sectores políticos y autoridades anunciaron acciones para perseguir responsabilidades y sancionar a quienes emitieron y mal usaron las licencias médicas.
Empecemos desde la vía judicial, donde parlamentarios de diferentes sectores han propuesto iniciativas para investigar y sancionar este grave problema. Inicialmente, los diputados de RN acudieron al Ministerio Público para solicitar una investigación. Diego Schalper, diputado de esa colectividad opositora, instó al Gobierno a optimizar sus controles, lamentando que la Contraloría realice labores de fiscalización que deberían estar en manos de las autoridades gubernamentales: “Llamamos al gobierno de Gabriel Boric, en especial al Ministerio de Salud, a ser más proactivos. ¿Cómo es posible que en FONASA no puedan detectar que algún doctor está otorgando múltiples licencias en un solo día? Los chilenos nos asustamos cuando la Contraloría hace un cruce de datos que FONASA debería haber realizado”. Más tarde, el senador del PS, Juan Luis Castro, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado para pedir acciones judiciales detalladas por caso: “Están dispuestos a proteger los fondos públicos y activar acciones legales una vez que se inicien los sumarios administrativos. Tienen toda la información necesaria para actuar, pero requieren la retroalimentación de los procesos en marcha”, comentó el legislador.
Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, rechazó y condenó el uso indebido de este documento, afirmando que ya se ha establecido un plazo de 72 horas para recabar todos los casos problemáticos: “Cualquier uso fraudulento de licencias médicas es condenable. Hemos instruido que se inicien sumarios administrativos en todos los servicios donde se detecten estas irregularidades”. En el sector privado, aunque los casos son menos frecuentes, también se necesita una adecuada fiscalización: “En el sector privado, las licencias son menos comunes, pero debemos asegurarnos de que no haya mal uso. Este derecho social es fundamental para mantener la continuidad laboral, pero aquellos que abusan de él perjudican a todos los trabajadores del país”, comentó Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio.
La ANEF también condenó el abuso de estas licencias: “Rechazamos que se utilice este derecho laboral como justificación para tomar feriado legal. Esto constituye una falta de probidad, y no defenderemos lo indefendible”, expresó José Pérez, presidente de la ANEF, durante una entrevista en radio «Cooperativa». Actualmente, ya se han iniciado acciones judiciales, ya que el Ministerio Público ha ordenado investigar estas irregularidades y la Contraloría ha solicitado sumarios en las entidades donde más se han detectado estas prácticas cuestionables, como JUNJI y Fundación Integra.
Con Información de radioportales.cl