Por lo tanto, los comentarios de Hinchcliffe podrían tener repercusiones para Trump.
El marco electoral establecido en la Constitución de los Estados Unidos determina que el presidente es elegido por un Colegio Electoral, el cual está compuesto por representantes de cada estado, lo que efectivamente priva de su derecho al voto a los estadounidenses que residen en territorios no estatales.
Así, ni los puertorriqueños ni los estadounidenses que viven en Puerto Rico pueden participar en la elección presidencial.
La Constitución fue elaborada en 1787, en un periodo en que Estados Unidos se consolidaba como una nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico aún pertenecía al imperio español.
Los representantes de las 13 colonias británicas, reunidos en Filadelfia para establecer las normas fundamentales de la nueva nación,no podrían haber previsto que el país terminaría por adquirir lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Sin embargo, en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra donde esta última perdió sus últimas colonias.
Las tropas estadounidenses ocuparon Puerto Rico, y mediante el Tratado de París, firmado ese mismo año, la isla quedó bajo la soberanía de Washington.
No obstante, esto no significó que sus habitantes recibieran automáticamente la ciudadanía estadounidense, lo que los excluyó de ciertos derechos reconocidos por la Constitución a otros ciudadanos.
En 1901, la Corte Suprema de Estados Unidos abordó el tema en una serie de controvertidas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en Harvard, explica que la Corte determinó que «hasta que el Congreso decida incorporar a Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos, estos permanecerán en un limbo».
Fuentes-Rohwer señala que el lenguaje utilizado en los Casos Insulares «retrata a las personas de estos territorios como menos humanas, primitivos y no dignos de derechos, incluida la ciudadanía«.
Aunque muchos historiadores y juristas consideran esta doctrina racista y discriminatoria, la Corte Suprema nunca ha revisado las decisiones tomadas en los Casos Insulares.
En 1940, la Ley de Nacionalidad otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos ya la habían obtenido anteriormente mediante otras disposiciones.
En 1952, Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y establecer un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenía la capacidad de elegir un gobernador y contar con poderes legislativos y judiciales propios.
Sin embargo, competencias fundamentales como el control de fronteras, la defensa y las relaciones exteriores continuaron bajo la gestión del Congreso y el gobierno federal en Washington D.C.
Y al momento de elegir a su presidente, Puerto Rico no posee derecho al voto, al igual que su único representante en el Congreso.
Situación actual en Puerto Rico
En los últimos años, en la isla se han realizado varios referendos sin carácter legal sobre su relación con Estados Unidos.
El más reciente, en 2020, mostró que la mayoría de los votantes se pronunció a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, similar a los 50 existentes.
Sin embargo, tal decisión ha sido objeto de cuestionamientos por su naturaleza no oficial y la escasa participación.
Además, en el Congreso estadounidense nunca ha existido un interés genuino en convertir a Puerto Rico en un estado, una acción que cambiaría el equilibrio de poder político en Washington, ya que otorgaría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional en la Cámara de Representantes.
El creciente descontento por la falta de influencia en Washington ha alimentado un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años, con un candidato pro independencia, Juan Dalmau, que comienza a destacar en las encuestas para las elecciones a gobernador, las cuales se llevarán a cabo el mismo día que las elecciones presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, analista de Puerto Rico en BBC Mundo, señala que «muchos puertorriqueños, especialmente los jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos».
Estos ciudadanos consideran que «la carencia de poder político está ligada al poco interés de Washington en priorizar a Puerto Rico en su agenda», afirma Ávila Claudio.
A esto se añade la «profunda crisis económica que ha asolado a Puerto Rico durante más de dos décadas, la cual ha llevado a que toda una generación enfrente escasas oportunidades y una infraestructura debilitada«.
El huracán María, que devastó la isla en 2017, junto con la reacción tardía y, para muchos, insuficiente del gobierno federal, bajo la administración de Donald Trump, intensificó el descontento de los puertorriqueños con el trato que reciben de Estados Unidos.
(Imágenes: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
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