El acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Trabajo con la Mesa del Sector Público para un aumento del 3,4% también incluyó una «ley de amarre» destinada a prevenir despidos arbitrarios de trabajadores del sector público, lo que fue rechazado por la oposición. En los próximos días, el Gobierno presentará al Congreso el proyecto correspondiente.
Esta «ley de amarre» establece que la no renovación de contratos, o su renovación en condiciones diferentes, en subsecretarías, servicios públicos vinculados a los ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “solo se llevará a cabo mediante un acto administrativo justificado, basado en hechos y fundamentos legales, sustentado en criterios objetivos y verificables. No será suficiente una mera referencia formal a las necesidades del servicio sin un respaldo fáctico específico”.
Asimismo, se estipula que «los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán impugnar por vicios de legalidad la no renovación de su designación o su renovación en diferentes condiciones, conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según sea el caso. La Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de resolver dichas impugnaciones si el interesado ha interpuesto acciones judiciales por los mismos hechos”.
Además, se incluye “una normativa que regule al personal que brinde asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites en su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y disposiciones transitorias para su implementación”.
En relación a esto, el diputado de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN), calificó la iniciativa como “inaceptable, ya que la intención es garantizar cierta inamovilidad a los actuales partidarios del gobierno”.
Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI), de la misma comisión, manifestó que “las normas de amarre que el Gobierno establece con los funcionarios públicos son totalmente inaceptables. Esto supera por mucho lo que ha hecho cualquier Gobierno que ha sido derrotado en las elecciones”.
«No solo dejaron un Presupuesto desfinanciado y sin una glosa republicana, sino que ahora intentan asegurar la permanencia de sus activistas y operadores políticos para frenar la instalación de un nuevo Gobierno», agregó.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
