Dr. Emilio Moyano Díaz. Académico de Excelencia. Universidad de Talca.
Después de dos décadas de espera, finalmente se ha logrado una reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, en lugar de eliminar el sistema de AFP de capitalización individual, que contaba con una cotización del 10%, se ha decidido robustecerlo, aumentando dicha cotización a un 17%, sin implementar un reparto compensatorio para las pensiones más bajas. Los cotizantes tendrán beneficios según los años de cotización y, en particular, las mujeres recibirán una compensación por su mayor esperanza de vida. En seis meses, se aumentará la Pensión Garantizada Universal, un legado de Piñera, a $250,000 para quienes tengan 82 años o más, y en un plazo de 1.5 años, para aquellos de 75 años y más. En dos años y medio, se aplicará el aumento a los demás pensionados/as. Los dueños de las AFPs están contentos, ya que esto representa una importante inyección de dinero para las grandes empresas y el capital.
¿Es motivo de celebración? ¿Realmente se trata de un avance?
Ofreceré algunos elementos para que cada lector/a forme su propia conclusión. El sistema de pensiones fue impuesto durante la dictadura en 1980 y, como resultado, más del 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, y un 25% de los beneficiarios recibe pensiones por debajo de la línea de pobreza. Afortunadamente, en 2008, M. Bachelet introdujo la Pensión Básica Solidaria para ayudar a las personas más vulnerables, lo que ha sido de gran beneficio. Con los cambios aprobados hoy, los beneficiarios podrán celebrar el aumento en sus pensiones, aunque de manera gradual.
No obstante, ha pasado demasiado tiempo. Los políticos han tardado 20 años, incluso tras el estallido social de 2019, para hacer modificaciones significativas al sistema de pensiones, lo que ha llevado a que muchas personas con pensiones insuficientes hayan fallecido mientras esperaban atención médica. Es inaceptable que un país necesite tanto tiempo para reformar un sistema impuesto por una dictadura, que no ha cumplido con sus promesas iniciales sobre jubilaciones adecuadas, enriqueciendo a sus administradores a expensas del bienestar social. Esto pone de manifiesto la injusticia social prevalente y la ineficacia de nuestros políticos. Muchos de aquellos que ahora celebran la reforma fueron los mismos que en su momento se opusieron a la propuesta de aumentar en un 6% las cotizaciones, que habrían aportado 3% a las cuentas individuales y 3% al reparto. Los ciudadanos y la clase trabajadora han pagado el precio de esta ineficacia, con años de espera y pocas mejoras.
Está claro que la reforma propone un aumento en los ingresos de los pensionados, aunque es evidente que los políticos no se atreven a discutir la creciente esperanza de vida y su impacto en el sistema de pensiones. No se cuestionan aspectos como por qué los hombres, que viven menos que las mujeres, no pueden jubilarse antes, o por qué las AFPs cobran altas comisiones a pesar de generar pérdidas para los trabajadores. Aunque el incremento de la PGU y las pensiones es un avance para quienes lo reciben, también es importante recordar que la promesa original era *terminar con las AFPs*, que constituyó una de las banderas de campaña del candidato Boric, derivada del estallido social de 2019 (“Las AFP en esta reforma se terminan” 3/11/2022). Parece más una contradicción que una verdadera transformación.
Es lamentable que nuestro sistema político carezca de mecanismos de referéndum que permitan a los ciudadanos recuperar el poder que ha sido tomado por los políticos y decidir sobre asuntos que les afectan directamente. No es sorprendente que esto no exista en Chile, un país con un sistema político ineficaz, donde las decisiones parecen estar dominadas por “tribus” o minorías que persiguen intereses particulares. Durante el período de Piñera I (2010-2014), un parlamentario independiente propuso la introducción de plebiscitos para que los ciudadanos pudieran decidir, promoviendo una democracia más directa. Sin embargo, la clase política se mostró reacia a ceder su poder y esa propuesta fue rechazada. Si tuviéramos este mecanismo, ya habríamos podido realizar cambios en el sistema de pensiones y en muchas otras áreas urgentes que afectan la vida de los ciudadanos, como la retribución a los profesionales de la salud.
Próximamente, enfrentaremos elecciones, dado que los períodos gubernamentales aquí son de solo 4 años, una debilidad inherente del sistema político. Si elijes a quienes no saben gobernar, deberás esperar que aprendan durante al menos uno o dos años, y al tercer año, entran en la fase del ‘pato cojo’. Por lo tanto, es crucial exigir a nuestros representantes que se comprometan a impulsar la introducción de referendos en el sistema político. Esto permitiría a los ciudadanos tomar decisiones, especialmente en asuntos como el de las pensiones, donde la clase política ha demostrado, de manera repetida, que no está a la altura y ha tardado más de 20 años en implementar mejoras.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
