El debate sobre el presupuesto ha abierto una oportunidad que los afectados han estado esperando durante casi dos años. En el contexto de la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, los familiares de las víctimas del incendio que devastó Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024 han solicitado al Gobierno que respalde una glosa especial para financiar un acuerdo reparatorio directo, eximiéndolos de continuar litigando contra el Estado.
La iniciativa fue presentada por el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Chile Vamos) y el senador Francisco Chahuán, quienes han solicitado al Ejecutivo que patrocine una indicación dentro de la partida del Ministerio de Hacienda. Esto permitiría otorgar recursos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y facilitar una negociación inmediata. El objetivo es evitar los procesos que las familias consideran una “revictimización”.
La suma solicitada —$34.750 millones— fue calculada por el abogado Felipe Olea, representante de la mayoría de los afectados. Esta cifra incluye indemnizaciones proporcionales y financiación para atención psicológica, la cual, según los denunciantes, el Estado no ha garantizado desde la tragedia que dejó 139 víctimas fatales.
“No se trata solo de una solicitud económica”
Olea comentó que esta iniciativa se origina directamente de las demandas civiles presentadas por las familias y se basa en la responsabilidad del Estado. Señaló que la propuesta responde a que “CONAF y Senapred cometieron omisiones que facilitaron la propagación del megaincendio”. Además, subrayó que “no es una simple solicitud económica, sino una forma para que el Estado asuma su responsabilidad y otorgue reparación”, evitando lo que considera una “doble exposición procesal”.
El abogado recordó un precedente: “El Estado otorgó reparaciones directas a las familias sin exigir años de litigios. Este caso debería establecer ese estándar”, refiriéndose al caso Antuco.
Según Olea, la aprobación depende completamente del Congreso. “Son ellos los que deben aprobar la disposición presupuestaria. El CDE tiene la capacidad legal para negociar sin necesidad de sentencia”, reiteró, señalando que hay resoluciones previas que respaldan esta práctica.
“Basta de sufrimiento”: las víctimas piden una respuesta
El 19 de noviembre, las familias enviaron una carta a los parlamentarios de la Región de Valparaíso, en la que advierten que han tenido que enfrentar simultáneamente querellas penales y demandas civiles contra el Estado, una situación que consideran revictimizante. El documento solicita: “Consideren una disposición presupuestaria que permita un acuerdo reparatorio por un total de $34.750 millones”, con la firma de familiares de cerca de 100 fallecidos.
En el Congreso, Teao se unió a los afectados y denunció abandono institucional: “Los damnificados han sido revictimizados de nuevo. Muchos han tomado permisos sin sueldo para asistir a audiencias que no avanzan”, pidió que el Ejecutivo apoye la glosa.
Los familiares reiteran el llamado. Carlos Orellana, padre de Anastasia, de 14 años, lamentó la falta de acción del Estado: “Esto se ha prolongado y es una falta de respeto. El Estado debería haber asumido responsabilidad y no lo ha hecho. Me prometieron que no nos abandonarían y, casi dos años después, seguimos sin solución”. Viviana Godoy, que perdió a sus padres, pidió parar el desgaste emocional: “Basta ya de sufrimiento”. Noemí Cabello añadió: “Hacemos un llamado para que nos reconozcan como víctimas y se apruebe esta reparación”.
La glosa será discutida y votada en breve, en la fase final del Presupuesto 2026. De ser aprobada, permitirá al CDE negociar de inmediato un acuerdo reparatorio con las familias sin que tengan que seguir en tribunales durante años.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
