O´Higgins

Pacientes advierten sobre graves consecuencias para la salud por la paralización de la Ley Ricarte Soto

Tras su salida de la Contraloría General de la República, organizaciones de pacientes y el senador Juan Luis Castro denunciaron que han presentado un requerimiento para que se analice la legalidad de la suspensión indefinida del proceso 2025 de actualización de la ley.

Organizaciones de pacientes y autoridades han alertado sobre las graves implicaciones de la suspensión indefinida del proceso 2025 de actualización de la Ley Ricarte Soto, que ha dejado estancada la evaluación de 39 tratamientos de alto costo desde el 23 de diciembre de 2025. Estas afirmaciones se realizaron después de acudir a la Contraloría General de la República con el fin de solicitar una revisión formal de la legalidad de esta paralización.

La suspensión, atribuida a la falta del informe presupuestario obligatorio del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), afecta a más de 45 mil beneficiarios actuales y a miles de pacientes potenciales, generando incertidumbre, deterioro de la calidad de vida y debilitando una política pública esencial en salud.

Natalia González, presidenta de Fundación Espondiloartritis Chile, diagnosticada hace 12 años y que financia su tratamiento biológico con recursos propios, advirtió que la falta de cobertura está llevando a muchos pacientes a una discapacidad precoz. Recordó que quienes lucharon por la creación de la ley ahora enfrentan problemas de movilidad, mientras que las nuevas generaciones corren el riesgo de perder su autonomía antes de los 40 años. “No pedimos favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y contribuyendo al país”, destacó, resaltando el alto costo emocional, familiar y económico que enfrentan.

Del mismo modo, Cristóbal Salazar, director de Fundación Padece y que vive con dermatitis atópica grave desde su nacimiento, describió el impacto diario de la enfermedad y la urgencia de contar con tratamientos continuos. “Sabemos que hay medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir como una persona normal es extremadamente complicado”, afirmó, enfatizando la incertidumbre constante y la falta de visibilidad de patologías crónicas menos conocidas.

Cecilia Rodríguez, directora de Fundación Me Muevo (Artritis Reumatoide), advirtió que la detención de decretos y el incumplimiento de los plazos administrativos están impactando no solo la salud física, sino también la salud mental de los pacientes. “La incertidumbre se ha intensificado por la falta de avances concretos. No es justo que la ciudadanía pague con su salud o su vida por los incumplimientos del Estado”, sostuvo, subrayando el efecto emocional que esto tiene en los pacientes y sus familias.

María Isabel Herrera, representante de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, alertó que, desde la experiencia de una enfermedad rara, crónica y de rápida progresión, la falta del listado de tratamientos ha ocasionado deterioros irreversibles e incluso fallecimientos. “Estamos pagando con vidas la falta de respuestas oportunas, lo que genera desesperanza, desgaste psicológico y un profundo sentimiento de abandono tanto en pacientes como en sus familias”, expresó.

El senador Juan Luis Castro, representante por la región de O’Higgins e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Alta, calificó la situación como grave e inaceptable, indicando que la inacción del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos está dejando en el abandono a decenas de miles de pacientes. Denunció un “silencio cómplice” que traslada la responsabilidad al próximo Gobierno, mientras personas con enfermedades de alto costo deben endeudarse, buscar donaciones o financiar sus tratamientos por cuenta propia.

“Como médico y parlamentario, me duele profundamente que el Estado no esté respondiendo a quienes más lo necesitan. Por ello, hemos solicitado a la Contraloría General de la República que fiscalice la legalidad de esta suspensión indefinida y exigimos la disponibilidad urgente de recursos para evitar que la Ley Ricarte Soto quede sin efecto”, concluyó.

blank

Con Información de www.diarioelpulso.cl

Leave A Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *