El subjefe de la bancada UDI y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Felipe Donoso, junto a su compañero Jorge Alessandri, informaron que han presentado un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría en la administración del Estado, tras revelarse que más de 3.600 funcionarios del Gobierno, específicamente en las subsecretarías y la Presidencia, continúan trabajando en modalidad de teletrabajo, a pesar de que hace más de tres años se levantaron todas las restricciones relacionadas con la pandemia de covid-19.
En este sentido, ambos parlamentarios respondieron a una noticia publicada por un medio de comunicación que informó que 2.590 empleados del sector público están en teletrabajo, cifra que asciende a 3.622 al incluir a funcionarios de reparticiones regionales.
Además, la misma información indicó que, a pesar de que la Ley 21.724 permite que hasta un 20% de cada entidad trabaje desde casa, hay seis entidades que, con la autorización de la Dirección de Presupuestos, exceden este porcentaje. Entre ellas se encuentra la Subsecretaría de Hacienda, que tiene a 105 funcionarios (41,3% de su plantilla) en teletrabajo.
Por ello, aunque los diputados Felipe Donoso y Jorge Alessandri reconocieron que la legislación actual permite esta modalidad de trabajo bajo ciertas condiciones, expresaron su inquietud acerca del nivel de productividad y el control ejercido por las jefaturas.
Así, decidieron acudir a la Contraloría, afirmando que «es fundamental verificar si estas autorizaciones que se han concedido están debidamente justificadas y cumplen con los criterios que establece la ley«, añadiendo que «es aún más importante determinar si esta modalidad está afectando la productividad y el cumplimiento de las funciones de estas entidades«.
«La ley que permite el teletrabajo en el sector público no puede convertirse en una norma general ni significa que todas las entidades deban implementarla. El propósito de esta normativa era ofrecer una solución temporal ante la emergencia sanitaria que enfrentábamos. Sin embargo, tras más de tres años desde la finalización de las medidas preventivas, así como el sector privado ha regresado al trabajo presencial, el sector público debería haber hecho lo mismo«, cuestionaron los parlamentarios de la UDI, quienes reiteraron que «lo más sensato es que los funcionarios realicen su trabajo de manera presencial, salvo en casos realmente justificados«.
Asimismo, Donoso y Alessandri manifestaron su preocupación por el posible impacto de esta modalidad en la atención y respuesta a los ciudadanos, especialmente considerando que una de las subsecretarías con más empleados en esta situación es la de Servicios Sociales, con 65 funcionarios, lo que representa el 21% de su plantilla.
«Es crucial esclarecer si el trabajo a distancia en el sector público está afectando la calidad y la oportunidad de los servicios que el Estado debe garantizar a los chilenos. No se trata de cuestionar por cuestionar, sino de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que el Estado funcione de la forma más eficiente posible«, subrayaron los parlamentarios.
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