Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha generado preocupación respecto a la gestión financiera del estado. Este documento, presentado al Congreso el jueves, señala más de $1,5 billones en observaciones tras 792 fiscalizaciones realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025, que incluyen auditorías normativas, financieras y exámenes de cuentas.
En total, se identificaron $1.505.707.732.640 en observaciones, lo que refleja una estructura de control que el organismo considera débil y fragmentada, con serias dudas en torno a la rendición de cuentas y la transparencia. El informe establece que las observaciones son una manifestación formal de incumplimiento de leyes y normas vigentes, advirtiendo que muchas irregularidades datan de 2023 o años anteriores.
Entre las principales debilidades detectadas, se destacan errores superiores a $359 mil millones en el cumplimiento de normas contables y presupuestarias, seguidos por anomalías contractuales que suman $328 mil millones y deficiencias en los procesos de rendición de cuentas que sobrepasan los $316 mil millones.
La Contraloría también examinó el manejo de fondos públicos, identificando desórdenes por $252 mil millones relacionados con registros incompletos, conciliaciones bancarias faltantes y saldos sin respaldo contable. Se encontraron casos donde cuentas bancarias tenían movimientos no reflejados en la contabilidad oficial.
El área contractual reveló un patrón alarmante de irregularidades. Se detectaron “modificaciones a convenios sin justificación técnica, ampliaciones de costos y plazos no respaldadas, e incluso la falta de garantías de cumplimiento”. Asimismo, se documentaron prácticas como la fragmentación de compras, contrataciones directas sin justificación legal y omisiones en controles requeridos por la Ley de Compras Públicas.
La situación en la rendición de cuentas es igual de grave. Se realizaron transferencias sin rendir cuentas de fondos anteriores, y muchas rendiciones carecieron de respaldo o presentaban discrepancias, siendo en algunos casos archivadas sin revisión. Se evidenciaron pagos improcedentes por más de $57 mil millones, incluyendo desembolsos sin documentación, duplicados, excesos y pagos a personas no habilitadas.
Además, se advirtió sobre más de $81 mil millones que el Estado no logró recaudar debido a una gestión deficiente en la cobranza de multas y errores de cálculo, con varias entidades ni siquiera iniciando acciones para recuperar dichas deudas.
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de acción tras las observaciones: muchas instituciones no han iniciado procesos disciplinarios o judiciales, y en varios casos, los montos observados ni siquiera se registraron como deudas. Esto, según la Contraloría, obstaculiza cualquier intento de recuperación de fondos.
El informe, de 233 páginas, priorizó hallazgos “altamente complejos” y “complejos”, evaluando tanto el monto involucrado como la frecuencia y gravedad de las fallas de control. Lo revelado refuerza una advertencia reiterada por el ente fiscalizador: el desorden en la gestión fiscal del Estado no es un fenómeno nuevo ni circunstancial.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
