Una grave denuncia involucra al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheverry, quien supuestamente no habría pagado contribuciones durante al menos nueve años.
El bien raíz en cuestión se encuentra en Paine, cerca de la Laguna de Aculeo. Este inmueble, que comparte con su esposa, figuraba con un avalúo desactualizado y además incluía edificaciones no regularizadas ante el municipio, según un reportaje de 24 Horas.
La información obtenida a través de la Ley de Transparencia revela que el terreno estaba registrado con solo una vivienda de 213 metros cuadrados. Sin embargo, en realidad existen al menos dos construcciones adicionales y una piscina, todas sin permisos de edificación. Esta discrepancia llevó a una reciente actualización del avalúo fiscal, que pasó de $158 millones a más de $339 millones. Esto incrementaría el monto de las contribuciones de $225 mil a cerca de $638 mil trimestrales.
Etcheverry se defendió indicando que ha intentado regularizar la situación durante años: “He contratado un arquitecto, he hecho gestiones, pero ha sido imposible”, comentó. Aseguró que hace nueve años presentó documentación al SII, la cual supuestamente se perdió. “(…) Parece que se extraviaron todas las declaraciones; 60 mil declaraciones se perdieron y solo las encontraron hace cuatro meses”, agregó.
La situación ha suscitado severas críticas en el Congreso. Desde Renovación Nacional, los diputados Miguel Mellado y Andrés Longton han pedido su renuncia inmediata, considerando inaceptable que, pese a su cargo, Etcheverry solo deba regularizar los últimos tres años de pagos, cuando la omisión se extiende casi una década. “No puede pedir a los chilenos que paguen contribuciones cuando él las evade y no las paga”, sentenció Mellado.
Por otro lado, el diputado del PPD, Héctor Ulloa, solicitó una investigación exhaustiva, indicando que es “cuestionable enterarnos por la prensa y no por él mismo”. Además, destacó la contradicción entre su función y su conducta: “En casa de herrero, cuchillo de palo”.
El SII ha respondido que el cobro se limitará a tres años, conforme a lo estipulado por la ley. Sin embargo, esta controversia ha puesto en duda la autoridad del director del servicio y su permanencia en el cargo.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
