El Gobierno ha decidido continuar con el pago de la PGU a cerca de 13 mil pensionados mientras se investigan posibles errores en los registros de salidas del país reportados por la PDI.
Una grande controversia se generó al conocerse que casi 13 mil pensionados tienen suspendida su Pensión Garantizada Universal (PGU) debido a la supuesta permanencia de más de 180 días fuera de Chile, un requisito que descalifica el beneficio según la legislación actual.
Algunos de los afectados afirmaron no tener pasaporte ni haber viajado fuera del país, lo que despertó dudas respecto a posibles errores en los registros migratorios utilizados para la evaluación anual del beneficio.
Ante esta coyuntura, el Presidente Gabriel Boric manifestó que el Gobierno optó por no aplicar la suspensión y proceder con una investigación detallada. “Hemos decidido como Gobierno no aplicar esto y que se investigue y se verifiquen correctamente los datos, para que las personas estén tranquilas”, comentó el Mandatario.
Desde el Instituto de Previsión Social (IPS), se indicó que los pagos de la PGU se sostendrán mientras se lleva a cabo una nueva revisión junto a las entidades competentes. La institución garantizó que ninguna persona que cumpla con los requisitos legales perderá el beneficio y que las notificaciones se realizarán por los canales oficiales.
El IPS también precisó que aquellos que debían recibir su pago en la primera quincena de enero lo percibirán el lunes 19, y los beneficiarios de la segunda quincena recibirán el monto en la fecha habitual.
Por otro lado, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) aún no ha emitido declaraciones públicas. Sin embargo, fuentes internas afirmaron que la institución está revisando los procedimientos de control fronterizo y elaborando informes en coordinación con el IPS para aclarar el origen de este problema.
Una situación que no debe repetirse
En un comunicado, el IPS aclaró que la revisión se enmarca dentro de la Ley N° 21.419, que exige la verificación anual del requisito de residencia. Según el órgano, este caso afecta a aproximadamente un 0,4 % de más de 2,2 millones de beneficiarios, un porcentaje que actualmente se está revisando.
Este incidente ha puesto de manifiesto deficiencias en los sistemas de validación y cruce de datos del Estado, especialmente en lo que respecta a beneficios sociales sensibles que impactan directamente a los adultos mayores. La falta de información oportuna, junto con el silencio inicial de la PDI, ha intensificado la incertidumbre entre los pensionados y ha expuesto el riesgo de errores administrativos con un alto impacto social.
El desafío ahora no solo consiste en resolver la situación concreta, sino también en fortalecer los mecanismos de control, promover la coordinación interinstitucional y mejorar la comunicación, para evitar que fallos similares cuestionen la seguridad de los derechos garantizados por el propio Estado.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
