Yasna Anabalón, Directora del Magíster Interdisciplinario para el Acompañamiento de Personas Autistas, Universidad de Las Américas
La denuncia por lesiones a un funcionario con autismo en el Hospital San Borja Arriarán pone en jaque nuestra ética. No son casos aislados ni bromas pesadas: hay videos que muestran humillaciones y se está llevando a cabo un sumario administrativo. Como país, no podemos aceptar que alguien tenga que elegir entre su pega y su dignidad.
La neurodiversidad, entendida como una parte legítima de la condición humana, nos obliga a cuestionar las prácticas y culturas que asocian la diferencia con debilidad o incapacidad. Lo que ha sucedido muestra que, más allá de lo legal, carecemos de mecanismos reales para prevenir, denunciar y reparar. El silencio de las instituciones y la falta de protocolos inclusivos son también formas de violencia y necesitan respuestas que solo pueden surgir desde un enfoque interdisciplinario, donde confluyan el derecho, la salud, la psicología y el Trabajo Social para generar garantías efectivas. Es necesario transformar estructuras, sensibilizar a las comunidades y crear políticas públicas que aseguren la dignidad y el respeto para todas las personas neurodivergentes.
Desde la perspectiva de la neurodiversidad, el enfoque no debe ser el diagnóstico, sino el derecho a existir y trabajar en un ambiente seguro. Las instituciones deben ser, ante todo, lugares donde se resguarde la seguridad de todos: si fallan en cuidar a sus trabajadores y a quienes atienden en los centros de salud, se erosiona la confianza social y se daña el tejido ético que sostiene la convivencia.
Para analizar este caso, necesitamos una mirada verdaderamente interdisciplinaria. Los derechos de entrega, las normativas de protección y sanciones, así como los aportes de la psicología y la salud mental, brindan herramientas para acompañar y contener. La medicina laboral establece criterios de prevención en el trabajo, mientras que el Trabajo Social ofrece una visión comunitaria que conecta las experiencias individuales con estructuras más amplias. Solo a través de esta combinación de saberes se pueden construir respuestas integrales y efectivas.
El rol del Trabajo Social es clave: permite visibilizar vulneraciones, dar voz al sufrimiento y acompañar procesos de reparación que no se limiten a lo penal, sino que aborden también el daño a la comunidad y la familia afectada. La academia, por su parte, tiene la responsabilidad ética de aportar formación crítica y propuestas concretas de políticas públicas que aseguren inclusión y justicia.
Este caso nos recuerda que la dignidad no es algo que se pueda negociar. Como sociedad, debemos entender que la diferencia no es una amenaza, sino una riqueza. El respeto por los derechos humanos de las personas neurodivergentes no puede seguir siendo un tema pendiente, sino que es una urgencia ética que demanda compromiso institucional, voluntad ciudadana y trabajo conjunto entre distintas disciplinas.
Con Información de portalmetropolitano.cl
