- El lunes por la tarde, se llevó a cabo una reunión entre los equipos técnicos del municipio y varios concejales para evaluar la complicada situación que enfrentan las agrupaciones Altos del Sur y Valle Pucón en la ejecución de sus proyectos.
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A medida que los días avanzan, se logró una extensión del plazo original (del 15 de septiembre al 30 de septiembre) para abordar las observaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la municipalidad sobre el proyecto habitacional que beneficiaría a 299 familias de los emblemáticos comités Altos del Sur y Valle Pucón; sin embargo, la situación sigue estancada. Esto se debe a que la elección de la Constructora Biobío como desarrolladora de las viviendas, sin haber pasado por un proceso de licitación y aprobación del concejo municipal, es considerado un error «insubsanable» por los especialistas jurídicos de la municipalidad.
Esto se discutió durante la reunión del lunes (ver foto principal), a la que asistieron la mayoría de los concejales (solo faltaron Armin Avilés y Marina Matus) junto con los equipos técnicos del municipio, incluido el jefe Jurídico, Franco Tosti-Croce. En este encuentro, se revisó la posibilidad, mencionada por el seremi del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Patricio Escobar, de que podría ser el concejo municipal quien apruebe la adjudicación de los contratos (por más de $20.000 millones) a la constructora. Sin embargo, esta opción no cuenta con mucho apoyo debido a las inconsistencias y problemas legales que implicaría.
Se explicó que no hay fundamentos suficientes que justifiquen dicha contratación como «fuerza mayor» y que esta debió realizarse antes de la firma de los contratos en 2023, no después. Según los expertos, esta situación no se ajustaría a los parámetros legales y expondría a los responsables de la decisión, es decir, al concejo y al alcalde.
Por lo tanto, la estrategia actual del municipio y del concejo parece centrarse en «dejar el balón» en manos del Serviu y del Minvu, con el objetivo de resolver las observaciones sobre los contratos con Biobío, basándose en el proceso de invalidación realizado en la municipalidad. Este proceso ofreció un marco legal que, aunque reconoció el problema en la adjudicación, dejó claro que los contratos ya estaban en marcha y que se habían tomado acciones con efectos legales. Así, la Constructora Biobío no tendría responsabilidad en este tema, ya que los contratos deberían considerarse vigentes.
En resumen, la intención es llegar a Temuco para plantear esta situación a los equipos técnicos del Minvu y el Serviu. En esta reunión, será crucial la opinión de la actual jefa Jurídica del Minvu, Solange Carmine, exconcejala de Temuco (independiente en cupo UDI). Algunos miembros del concejo —como Julio Inzunza— también consideran necesario consultar a la Contraloría para respaldar legalmente la decisión que tomarán respecto al futuro de los proyectos. No obstante, es fundamental tener en cuenta el aspecto político que conlleva tomar decisiones en un tema tan delicado como son las viviendas sociales.
Con Información de www.lavozdepucon.cl
