- Aunque subrayan que sus acciones se enmarcan en lo legal, han decidido abrir un “procedimiento interno disciplinario” para investigar posibles responsabilidades.
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La municipalidad de Pucón ha reconocido durante la tarde de este lunes la recepción del preinforme de Contraloría sobre el conocido “Caso Sobresueldo”. Esto confirma la información publicada el viernes en este medio; el documento del organismo contralor señala un “posible detrimento al patrimonio público municipal”.
“Entendemos la relevancia de los hallazgos y garantizamos a la comunidad que, como de costumbre, todos los antecedentes estarán disponibles para la revisión completa por parte del organismo contralor”, señala el comunicado, que también indica que el preinforme es un documento que será respondido “en su totalidad” por la municipalidad dentro de los plazos correspondientes.
Además, insisten en que están convencidos de haber actuado conforme a la ley: “La municipalidad de Pucón reitera su convicción de que todas las acciones y decisiones administrativas se han realizado de acuerdo a la normativa vigente”. Reconocen, no obstante, la apertura de un “procedimiento interno disciplinario” cuya finalidad es “determinar posibles responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes”.
El “Caso Sobresueldos” surgió tras una denuncia anónima a la Contraloría que, entre otros aspectos, se centró en los salarios y funciones de tres de los asesores más cercanos al alcalde Sebastián Álvarez (quien aparece en una actividad la mañana de este lunes). Entre ellos están el asesor contable Iván Soriano, que percibe $4,5 millones mensuales, y el periodista Jéfferson Adaro, con un sueldo de $4 millones al mes. También está el asesor en Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) que gana $3,5 millones. Se denunció que los dos primeros ejercían funciones de jefaturas sin contar con las habilitaciones administrativas correspondientes, y el último solo tenía el nivel de enseñanza media.
Según el preinforme del organismo contralor, Soriano y Adaro debían estar clasificados en un grado 8 profesional en la escala de funcionarios públicos (con un sueldo aproximado de $2 millones), y el señor Backit en un grado 11 administrativo ($1,7 millones aproximadamente).En cuanto a los bonos recibidos en mayo ($500 mil cada uno), la Contraloría considera que no eran pertinentes.
La municipalidad está en proceso de elaboración de la respuesta al preinforme. Tras esto, el organismo regional emitirá su informe final y se tomarán las decisiones que corresponda.
El comunicado
Con Información de www.lavozdepucon.cl
