El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, afirmó que desde 2024 hasta abril de este año, un total de 57,335 personas naturales y 6,229 personas jurídicas han sido impactadas por las multas sanitarias surgidas a raíz de la pandemia.
La controversia generada por el cobro de estas sanciones ha llevado a denuncias sobre la falta de notificación válida a los presuntos infractores. En este contexto, Irarrázaval denunció que el gobierno ha embargado bienes por más de 40 mil millones de pesos a más de 60 mil personas en los últimos 16 meses.
Según la información que el parlamentario solicitó a la Tesorería General de la República, el año pasado el Estado emitió mandamientos de ejecución y embargo relacionados con deudas por multas de COVID-19 a 57,864 personas; de estas, 52,728 son individuos y 5,136 entidades, sumando un total de $29,856,412,085.
Además, entre enero y abril de este año, el organismo público reportó 5,700 demandas, de las cuales 4,607 son personas naturales y 1,093 corresponden a personas jurídicas, con un total de $13,525,220,095.
El diputado Irarrázaval expresó: “El gobierno ha comenzado a rematar bienes de la gente, lo cual es claramente desproporcionado después de todos estos años y muestra que esta administración no tiene reparo en afectar a las familias, solo para intentar resolver el desastre financiero que han causado, derivado de su propia ineptitud, clientelismo y fanatismo ideológico”.
Irarrázaval añadió que “no hay claridad sobre los procesos de notificación, el cobro y la legalidad de estas supuestas deudas. También hay dudas sobre los más de sesenta mil sumarios sanitarios que dice gestionar el gobierno. Están desesperados por hacer caja, no solo por su ineptitud. Estamos estudiando medidas para frenar este abuso que ha afectado a un número significativo de personas en todo el país en los últimos 16 meses. Es lamentable que Mario Marcel, una vez más, trate de recaudar dinero de donde no puede”.
Con Información de hoysantiago.cl