Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) tomó la decisión, por mayoría, de destituir a la senadora Isabel Allende, quien ha sido parte del Congreso Nacional durante varias décadas.
La controversia surge porque la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, junto a otros familiares, intentaron vender al Estado la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por alrededor de mil millones de pesos, con el propósito de convertirla en un museo.
A pesar del interés del Presidente Gabriel Boric por adquirir la propiedad, varios organismos advirtieron sobre la prohibición de realizar contratos con el Estado debido a su posición. Sin embargo, la senadora ignoró estas advertencias y prosiguió con la negociación.
Además
El valor de la propiedad sufrió alteraciones favorables para la familia Allende. Posteriormente, el abogado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés Vergara, declaró ante la Fiscalía que la estrategia de la familia Allende era mantener el control sobre la casa del exmandatario tras venderla al Fisco.
Esto se dio en el contexto de una investigación por fraude al Fisco dirigida por el fiscal Patricio Cooper. Se proponía que la propiedad, adquirida por $993 millones, fuera cedida en comodato a la Fundación Salvador Allende, de la cual la senadora y su hija eran miembros honorarios.
Además, se estableció la creación de la Fundación Casa Museo Salvador Allende para gestionar la propiedad, involucrando recursos del Servicio del Patrimonio y las Culturas para la compra. Esta adquisición iba a ser realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales, utilizando fondos transferidos desde Serpat.
Presentación de un recurso
En virtud de estas circunstancias, se interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de diputados de oposición (Chile Vamos y el Partido Republicano), lo cual dio lugar al fallo.
“Valoramos esta decisión de acoger nuestro requerimiento para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional”, expresó el presidente de Republicano, Arturo Squella. “Los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado”, agregó.
En este contexto
El asesor legislativo del Partido Republicano explicó los motivos de la destitución de la senadora Allende en el marco de la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, ya que la transacción no se concretó.
El asesor legislativo Gabriel Domínguez participó este jueves en los alegatos ante el TC para sustentar la destitución de la legisladora socialista.
“La destitución de la senadora Allende era necesaria; no ser sancionada, la convertiría en una privilegiada ante la ley”, afirmó Domínguez.
Esto surge tras la decisión mayoritaria adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC).
“Lo fundamental de nuestros argumentos es que, al verificarse la existencia del contrato, se comprueba la infracción al artículo 60, inciso segundo de la Constitución, que establece que un parlamentario cesa en su cargo si celebra contratos con organismos estatales mientras ejerce sus funciones”, agregó el experto en derecho.
Ante el Pleno del TC
Por parte de los republicanos, asistieron Emiliano García, jefe legislativo de la bancada y Gabriel Domínguez, acompañados de los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázaval, así como de los parlamentarios José Carlos Meza y Luis Fernando Sánchez.
Chile Vamos fue representado en los alegatos por el exministro Máximo Pávez, mientras que la senadora Allende fue defendida por Gabriel Osorio.
La posición de la defensa era que la norma buscaba evitar el enriquecimiento de los parlamentarios. Sin embargo, el argumento del equipo legislativo de los republicanos y de Chile Vamos sostiene que la norma es objetiva y simplemente prohíbe el hecho de contratar, sin considerar intenciones, enriquecimiento o cualquier otro factor.
“Aquí se trataba de evitar que haya individuos o grupos privilegiados. La familia Allende debía ser sancionada; de no ser así, serían considerados privilegiados, algo que la población no aceptaría. La ley es clara: la Constitución prohíbe a los senadores entrar en contratos con el Estado, y el público no podría entender que no fueran destituidos. En este sentido, el TC tiene una función crucial al aplicar la Constitución y la ley”, concluyó Domínguez.
Con Información de portalmetropolitano.cl
