El alcalde de Molina, Felipe Méndez Guzmán, ha adoptado medidas severas tras el escándalo de los “funcionarios viajeros”, un caso de corrupción administrativa que ha impactado a la comuna.
El alcalde destituyó a 29 funcionarios municipales que fueron sorprendidos viajando al extranjero durante licencias médicas. La investigación, dirigida por la Contraloría General de la República, determinó que ninguno pudo justificar sus viajes por motivos de salud, lo que resultó en sanciones contundentes.
La lista de despedidos abarca personal de alto nivel, incluyendo directores de departamentos y funcionarios con más de 30 años de trayectoria.En la lista se encuentran empleados de los departamentos de Salud y Educación.
El alcalde Méndez ha afirmado su compromiso con la transparencia y la probidad, subrayando que esta medida se implementó para proteger los recursos públicos y mantener la confianza de la comunidad.
El abogado laboralista Nicolás Salhus Mardones, del estudio jurídico “Estudios Legales”, comentó: “He tenido la oportunidad de revisar el decreto respectivo, y considero crucial evaluar los procedimientos sumarios que fundamentaron las destituciones y los despidos, ya que podrían haber violaciones del principio de juridicidad y de garantías constitucionales. Esto podría ocasionar la revocación de la decisión del Alcalde de Molina.”
Este incidente ha generado un debate en la región sobre la ética en el sector público y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las municipalidades. Mientras algunos celebran la decisión del alcalde como un ejemplo de firmeza contra la corrupción, otroscuestionan la gestión interna del municipio y la falta de supervisión que facilitó estos hechos.
La situación también ha tenido un impacto político, con críticas hacia la administración anterior y llamados a revisar los procesos de contratación y fiscalización en la comuna. Se espera que este caso sirva como un precedente para reforzar las políticas de transparencia y responsabilidad en el ámbito público.
Este escándalo resalta la importancia de una gestión pública ética y transparente, y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
