Un informe de la Dirección de Presupuestos reveló que, a pesar de que más de 29 mil funcionarios están involucrados en el mal uso de licencias médicas, solo 262 han sido destituidos, mientras que la mayoría de los sumarios sigue en proceso.
Información proporcionada por el medio asociado: BBCl.
Un balance reciente de la Dirección de Presupuestos ha reavivado las alarmas sobre el uso indebido de licencias médicas en el sector público. Este séptimo informe consolidado de procedimientos disciplinarios se elabora en virtud de la Ley de Presupuestos 2026 y pone de manifiesto una notable discrepancia entre el número de casos identificados y las sanciones efectivamente impuestas.
Según el informe, con datos de la Contraloría General de la República, hasta el 31 de diciembre de 2025 se registraron 40.629 licencias médicas presuntamente mal utilizadas, implicando a 29.270 funcionarios públicos del Gobierno Central.
De este total, 23.745 funcionarios siguen activos, mientras que 5.525 han dejado de ser parte de la administración pública. Sin embargo, 2.947 de estos últimos permanecen bajo sumarios administrativos, a pesar de no tener funciones vigentes en el Estado.
En términos de procedimiento, existen 26.692 funcionarios cuyos casos requieren investigación. De ellos, 25.352 sumarios ya están en marcha, aunque la mayoría permanece sin resolución: 21.098 siguen activos y solo 4.254 han recibido decisión del superior del servicio.
La diferencia se hace más evidente en los casos concluidos. De los 1.543 casos cerrados con resolución ejecutoriada, solo 262 funcionarios fueron destituidos, lo que equivale a aproximadamente el 1% del total de involucrados. El resto sufrió sanciones menores o no recibió castigo: 577 fueron absueltos o sobreseídos, 584 con censura, 65 suspendidos y 55 multados.
Adicionalmente, 2.711 funcionarios mantienen procesos con sentencia pendiente de ejecución, debido a impugnaciones u otras etapas administrativas. También se menciona que 1.009 personas renunciaron antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario, disminuyendo así las posibles sanciones.
El informe también evalúa el impacto financiero: las licencias en cuestión promedian 22,1 días y, considerando un salario bruto promedio de $1,9 millones, los funcionarios investigados recibieron en total $36.876 millones durante sus períodos de ausencia.
Respecto a la procedencia de los casos, 4.061 funcionarios se incorporaron al Estado desde marzo de 2022, mientras que 23.667 pertenecen a administraciones previas. Las principales razones relevantes detectadas incluyen salidas del país (33%), ausencias en servicios regionales (35%) y asistencia a juegos de azar (21%).
Con Información de www.diarioelcentro.cl
