La Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido mantener la prisión preventiva de Wilson Verdugo, quien se encuentra acusado de ser el autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.
La resolución fue tomada por mayoría (dos votos a favor y uno en contra) en la Sexta Sala del tribunal de alzada, que desestimó la apelación presentada por la defensa del acusado. El ministro Juan Cristóbal Mera votó en contra, mientras que sus colegas Luis Francisco Avilés y Catalina Cynthia Infante Correa respaldaron la decisión de mantenerlo detenido.
Verdugo enfrenta cargos por homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de municiones, en relación con un crimen ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa. Según la Fiscalía Oriente, el imputado habría pagado al menos $30 millones para encargar el asesinato, proporcionando a los sicarios información detallada sobre la víctima, su residencia y sus desplazamientos.
El día del crimen, los tres coimputados -Alberto Mejía Hernández, Yonder Blanco Véliz y Neomar Arismendi Duarte- interceptaron a Reyes y a su acompañante, robándoles un sobre con dinero y disparando al empresario en tres ocasiones, lo que resultó en su muerte en el lugar.
Los tres coimputados fueron formalizados y se encuentran en prisión preventiva, aunque Mejía logró salir del país tras ser liberado al día siguiente y cruzó a Perú el 12 de julio. Su paradero actual es desconocido.
La investigación también indica que Verdugo coordinó previamente la entrega de $9 millones en efectivo a la víctima, mantuvo contacto constante con ella y habría instruido el ataque.
La defensa del imputado, liderada por el abogado y exfiscal Luis Inostroza, argumentó que no existen pruebas concretas que respalden un acuerdo previo ni coordinación directa con el asesinato. Asimismo, cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, señalando que se basan en suposiciones y declaraciones de testigos indirectos.
A pesar de estos argumentos, la Corte determinó que los elementos recopilados hasta el momento, que incluyen tráfico telefónico, testimonios y registros de entrega de dinero, son suficientes para justificar la medida cautelar más severa.
El tribunal evaluó la gravedad de los delitos imputados, el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación.
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