Por Cristian Álvarez
Este sábado, tras ser detenidos ayer, cinco personas de la disuelta fundación «ProCultura», junto a funcionarios de la Gobernación Regional Metropolitana, fueron formalizados en el marco del Caso Convenios. Se les exige la restitución de más de $1.000 millones de pesos del programa «Quédate», que aún no han devuelto. El Ministerio Público señaló en su acusación que había una amistad muy cercana entre el actual gobernador Claudio Orrego y el fundador de la cuestionada ONG, Alberto Larraín, además de un presunto modus operandi para defraudar al Estado. Uno de los imputados recibió arresto domiciliario, mientras que los demás pasarán la noche en diferentes recintos penales hasta que se resuelvan sus medidas cautelares, donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos ellos.
Desde hace tiempo deberían haber enfrentado esta situación. Sin embargo, por diversos motivos, esta diligencia nunca se llevó a cabo hasta ayer y hoy, donde debieron asumir sus posibles responsabilidades y tener la opción de defenderse. Este sábado, los máximos responsables de la disuelta Fundación ProCultura, junto a un funcionario del Gobierno Regional Metropolitano, comenzaron a ser formalizados por la malversación de fondos de un programa de prevención de suicidios asignado a esta ONG cuestionada.
Hoy al mediodía, en el Centro de Justicia de Santiago, los cinco imputados por este polémico caso que destapó el Caso Convenios enfrentaron por primera vez las acusaciones en su contra. Durante esta audiencia, los imputados se mostraron tranquilos, tomando apuntes y conversando con sus defensores, incluso cuestionando algunos de los argumentos de la Fiscalía, como fue el caso de Constanza Gómez, ex representante legal de la fundación. El Ministerio Público leyó por más de dos horas los detalles de la acusación, que incluía las atribuciones del GORE metropolitano y de la fundación, los montos defraudados, e incluso la amistad entre el gobernador Claudio Orrego y el fundador de la ONG, Alberto Larraín, que fue descrita como de “total confianza”, lo que facilitó la entrega de recursos y la designación de cargos hacia el psiquiatra. A la primera hora de la lectura, los abogados de los imputados se quejaron por la calidad del audio y la falta de entrega completa de documentos en contra de sus representados. La Fiscalía accedió, aunque no completamente, y el juez también lo hizo. Tras un receso de 45 minutos, el juez habilitó a los abogados de los detenidos para continuar con sus alegatos hoy hasta las 18 horas o mañana. Todos estuvieron de acuerdo en estudiar más los antecedentes presentados. Además, el juez dictó arresto domiciliario total para Gabriel Prado, funcionario del GORE Metropolitano acusado de ser el nexo entre esta autoridad regional y la fundación. Este último ha sido señalado como un “funcionario fantasma”. Los demás, tras resolver una controversia sobre quién debía estar a cargo de los detenidos durante la audiencia de formalización, deberán pasar en recintos penales. El fundador de ProCultura, Alberto Larraín, fue enviado al emblemático anexo “Capitán Yaber”, mientras que las mujeres Constanza Gómez (ex representante legal de ProCultura), María Teresa Abusleme (ex directora de Estudios de la ONG) y Evelyn Magdaleno (ex jefa de Desarrollo Social Humano del GORE Metropolitano) fueron llevadas a la Cárcel de San Miguel. La audiencia concluyó antes de las 17 horas.
Respecto a las reacciones durante y después de la audiencia, Cristian Arias, abogado de Alberto Larraín, señaló que su cliente aún no tiene medidas cautelares, a pesar de rechazar su detención, considerándola injusta: “Es una audiencia que recién está comenzando. Solo hemos escuchado la formalización del Ministerio Público, así que el debate recién comenzará mañana. Sobre las medidas cautelares, Alberto Larraín no tiene ninguna en este momento; está en una situación de tránsito porque está a disposición de Gendarmería, dado que este caso se inició con una orden de detención, la cual consideran absolutamente injustificada y sin necesidad. Pero como el Ministerio Público lo solicita, está obligado a dejarlo a disposición de Gendarmería mientras dura la audiencia.” Por su parte, Pablo Toloza, abogado de la UDI que representa a uno de los querellantes, declaró que ProCultura no era una ONG dedicada a prevenir el suicidio, y que tenía a terceros para cumplir esas funciones: “A raíz de estos convenios, si no hubiese participación activa de los imputados, quienes trabajaban en el Gobierno Regional, y una concertación con quien actuaba como encargado de ProCultura, en este caso Alberto Larraín y su grado de amistad, no se habrían producido esos convenios. Ahí hay un evidente fraude al Fisco, ya que esta fundación no cumplía con los estándares… ProCultura no era una fundación enfocada en prevenir el suicidio, sino que, en última instancia, funcionaba como un ‘broker’ que contrataba a terceros.” declaró el representante legal.
Desde la Fiscalía, expresaron su satisfacción por haber concretado esta audiencia, resaltando que representa la primera formalización en el Caso Convenios, valorando la “pormenorizada” exposición del fiscal Christian Aguilar al presentar los antecedentes. Los montos que se pidieron a restituir suman en total $1.015 millones de pesos, que corresponden al saldo faltante sin rendir del programa «Quédate», el cual continuó ejecutándose. La audiencia se reanudará mañana a las 11 de la mañana, donde para todos los detenidos, salvo para Gabriel Prado, se solicitó prisión preventiva mientras dure la investigación.
Con Información de radioportales.cl
