El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dado a conocer los resultados de la fiscalización 2025 de los 16 gobiernos regionales del país. En particular, se evaluó la transparencia activa, es decir, la obligación de publicar y actualizar mensualmente la información estipulada por la Ley de Transparencia.
El informe indica un promedio nacional de cumplimiento de solo 76,06%, una cifra que representa el puntaje más bajo desde el inicio de estas evaluaciones en 2010, y que confirma una tendencia decreciente observada el año anterior.
Entre las principales deficiencias identificadas, se destaca la publicación de información presupuestaria y financiera, la cual es de carácter público según la ley. El cumplimiento en modificaciones presupuestarias apenas alcanzó un 35,7% y en presupuesto asignado, un 37,5%.
Adicionalmente, en lo que respecta a otras transferencias y las reguladas por la Ley N° 19.862, el cumplimiento promedio fue del 44,9% y 46,9%, respectivamente.
Se observaron inconsistencias entre la información reportada al Consejo por los gobiernos regionales y la que efectivamente aparece en sus sitios web oficiales.
También se encontraron deficiencias en la publicación sobre mecanismos de participación ciudadana, con un 50% de cumplimiento global, y en las contrataciones de bienes y servicios y contratos relacionados con propiedades, ambos en 54,5%.
Natalia González, presidenta del CPLT, advirtió que “este consejo continuará realizando fiscalizaciones, lo que permite observar el rendimiento histórico de los gobiernos regionales en cuanto a transparencia. Por medio de este trabajo, podemos comparar estos resultados con los del año anterior, evidenciando que persisten las deficiencias críticas en la publicación de información presupuestaria y de transferencias de fondos públicos.”
“Esto representa una señal de alerta, especialmente en un contexto donde se llevan a cabo investigaciones por parte de otras instancias fiscalizadoras, así como del persecutor penal, en relación con posibles usos irregulares de fondos públicos,” agregó Gonzalez.
“Facilitar el acceso a la información pública, conforme a la ley, es un primer paso para asegurar que la función pública se realice con transparencia y probidad. Esto permite que la ciudadanía, académicos, medios de comunicación y otros stakeholders puedan conocer, analizar y vigilar dicha información, lo que les brinda la oportunidad de entender cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”, concluyó.
En lo que respecta a los rendimientos individuales de los gobiernos regionales, uno de los hallazgos más preocupantes fue el Gobierno Regional de La Araucanía, que sufrió una caída de 35,6 puntos porcentuales con respecto al 2024, pasando de un 79,5% a un 43,9%. También se observaron retrocesos significativos en Los Lagos (-23,5 puntos) y Magallanes (-20,6 puntos), este último había liderado el ranking de cumplimiento en la fiscalización anterior.
De acuerdo con las puntuaciones obtenidas, solo cuatro gobiernos regionales superaron el 90% de cumplimiento en transparencia activa: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Biobío (90,6%).
Por el contrario, Araucanía, Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins y Los Lagos no alcanzaron el 65%.
“La gran variabilidad en los resultados indica una falta de estándares mínimos comunes. El derecho de acceso a la información pública no debe depender de la ubicación geográfica. Por ello, estamos capacitándonos continuamente en esta área, recabando y analizando las mejores prácticas para que sean útiles a todas las instituciones en el cumplimiento de la ley, y para llevar a cabo nuestra labor fiscalizadora y sancionatoria cuando sea necesario,” enfatizó la presidenta del CPLT.
La fiscalización se llevó a cabo entre el 3 y el 20 de marzo de este año, combinando análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información proporcionada por los gobiernos regionales.
El Consejo instó a los gobiernos regionales a tomar acciones inmediatas para corregir las deficiencias identificadas, subrayando que el derecho de acceso a la información pública es un pilar fundamental de la democracia y la rendición de cuentas.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
