La implementación de la nueva Ley de Delitos Económicos ha representado un importante desafío para las empresas de nuestro país en el último año, y poco a poco se está delineando un panorama con datos y aprendizajes significativos.
Según el estudio realizado con la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, más de 400 empresas han participado, y un 80% de ellas considera que los Modelos de Prevención de Delitos (MPD) son fundamentales para su estrategia comercial. Este hecho indica que estos modelos están ganando reconocimiento como parte integral de la estructura interna de las organizaciones, más allá de ser solo un requerimiento legal.
Este alentador dato demuestra que las empresas chilenas no solo tienen la intención de cumplir con la normativa, sino que también buscan adoptar estándares que fomenten una cultura de integridad y transparencia. El estudio reveló, además, diferencias notables en el nivel de preparación entre industrias: los sectores de Transporte, Energía y Recursos Naturales, Servicios Financieros y Retail son los que lideran en la implementación de esta normativa, mientras que otros como Infraestructura y Servicios Legales aún están en etapas preliminares. Esta variabilidad resalta la necesidad de promover capacitaciones y políticas internas, algo que el 92% de las empresas ya están abordando mediante asesoramientos y nuevos protocolos.
La preocupación sobre delitos de corrupción, el más mencionado por las empresas, es homogénea entre los sectores, con un enfoque especial en el soborno y el cohecho como aspectos urgentes tanto en el ámbito público como privado. Además, los delitos ambientales han surgido como una preocupante emergencia, posicionándose en un segundo lugar. En un contexto donde la sostenibilidad es cada vez más crucial para la competitividad, estos desafíos van más allá de las responsabilidades legales y ponen a prueba la coherencia entre las acciones empresariales y los principios que defienden.
De cara al futuro, las empresas se encuentran en una fase decisiva. A partir del próximo año, deberán revisar sus modelos preventivos, corregir errores y promover un ciclo de mejora continua. Chile todavía tiene un camino por recorrer para establecer un sistema regulatorio efectivo en esta área; sin embargo, las empresas están avanzando decididamente en este proceso.
A pesar de su enfoque punitivo, la norma ha brindado una oportunidad invaluable para avanzar hacia organizaciones más transparentes, donde los delitos económicos y ambientales son enfrentados desde su origen. Implementar los MPD, contrario a lo que muchos podrían pensar, no restará competitividad a las experiencias empresariales, sino que las fortalecerá frente a estos y otros retos futuros.
Andrés Martínez, Socio Líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG en Chile
Con Información de radioportales.cl
