La Contraloría General de la República ha emitido diversas directrices para evaluar y hacer efectivas las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos implicados en el escándalo de las licencias médicas. Según el último Consolidado de Información Circularizada (CIC), se informó que 25,078 funcionarios presentaron 35,585 licencias médicas y realizaron 59,575 salidas y entradas al país por motivos personales, a pesar de estar en reposo médico.
En un documento con siete puntos, se indica que «es responsabilidad de la autoridad decidir si se instruye uno o más procedimientos disciplinarios, considerando la magnitud de los casos y la necesidad de indagar individualmente o colectivamente sobre ciertos grupos de involucrados, según su nivel jerárquico u otros factores».
Acerca de la designación de fiscales para cada caso, se establece que «no deben tener vínculo de dependencia o subordinación con el funcionario investigado y, asimismo, deben tener un nivel jerárquico similar o superior». Además, el fiscal tendrá amplias facultades para llevar a cabo la investigación, y los funcionarios deberán colaborar cuando se les requiera. En cuanto al proceso investigativo, el fiscal podrá utilizar todos los medios probatorios disponibles.
Sin embargo, la Contraloría subrayó que para verificar los hechos, es esencial contar inicialmente con la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, que confirme las fechas de entrada y salida del país. Además, los sumarios deben llevarse a cabo garantizando un “debido proceso”, el cual requiere un procedimiento justo y razonable en el ámbito administrativo.
Con Información de radioportales.cl
