La libertad de Osmar Ferrer, acusado de ser sicario, ha provocado que la Asociación de Magistrados pida explicaciones a Gendarmería.
El sistema judicial chileno está en la mira tras conocerse nuevos detalles sobre la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, un venezolano imputado en el asesinato del empresario José Reyes Sosa. La excarcelación ocurrió el 10 de julio, solo un día después de su formalización, y el imputado actualmente está prófugo.
El caso ha generado un gran revuelo, abriendo el debate en diversas áreas: desde críticas al sistema judicial hasta un seguimiento intenso en medios y redes sociales. En ese contexto, el ministro de seguridad calificó la situación como “inexplicable y grave”, destacando la necesidad urgente de esclarecer responsables.
Dada la gravedad de los hechos, el jueves 17 de julio, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) expresó su preocupación y solicitó a Gendarmería que aclare su rol en la tramitación administrativa que permitió la salida del imputado del penal Santiago 1.
Magistrados: “Se recibieron documentos oficiales con horarios distintos”
En una declaración pública, la ANMM detalló que fue la jueza de garantía quien ordenó específicamente la prisión preventiva de Ferrer, como quedó registrado en la audiencia pública. Según el comunicado,la situación que hizo posible su salida se habría originado en la gestión de los oficios de ingreso al centro penal, donde se encontraron discrepancias en los horarios.
El gremio enfatizó queGendarmería recibió dos comunicaciones con horarios diferentes, sin consultar al tribunal ni señalar la contradicción, lo que pudo haber evitado la excarcelación. A juicio de los magistrados, este caso requiere una revisión de los protocolos administrativos y de sistemas del servicio de justicia.
Gendarmería: “No nos corresponde cuestionar lo que dicen los tribunales”
DesdeGendarmería, el director (s)Rubén Pérez indicó que el servicio está a disposición del Ministerio Público y que será la justicia quien determine si hubo errores en el procedimiento.“No es nuestra competencia cuestionar los documentos entregados por los tribunales”, afirmó.
La institución también reafirmó su compromiso con la investigación en curso y aseguró que, si se detecta algún error por parte del personal, se tomarán las medidas correspondientes.
El caso: un sicariato en Ñuñoa
El hecho que originó este proceso ocurrió el 19 de junio, cuando José Reyes Sosa, un empresario de 43 años y conocido comerciante del sector Meiggs, fue asesinado en plena calle en Ñuñoa.
Inicialmente se pensó que se trataba de un robo, pero la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) determinó que era un asesinato por encargo. Tres personas fueron formalizadas, entre ellas Osmar Ferrer, quien ahora está prófugo tras haber sido liberado por error.
Desde entonces, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros han activado una alerta nacional e internacional con el apoyo de Interpol para dar con su paradero.
Llamado a revisar los procedimientos
Tanto la ANMM como Gendarmería coinciden en la necesidad de revisar los procedimientos y fortalecer la comunicación entre las instituciones. El objetivo es evitar que situaciones como esta se repitan y garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial.
Mientras tanto, continúa la búsqueda del imputado, así como las investigaciones administrativas y penales para esclarecer responsabilidades.
Con Información de www.chicureohoy.cl
