Miembros del Partido Socialista y del PPD criticaron al Gobierno por la fallida adquisición de la residencia del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia con fines patrimoniales. La compra es incompatible con la Constitución, la cual prohíbe a las autoridades públicas realizar negocios con el Fisco.
El líder de la bancada socialista, diputado Daniel Melo, comentó que «es fundamental preservar el legado no solo del presidente Allende, sino también de Patricio Aylwin. Esta situación empaña lo que debió ser un proceso bien ejecutado, y sin duda, el Gobierno ha cometido nuevamente un error grave. Debió haber anticipado este tema desde una perspectiva administrativa y legal. El Gobierno no cumplió con las expectativas en este asunto».
El senador socialista Fidel Espinoza también se pronunció, afirmando que «hay una clara responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales. Ellos debieron haber sido los primeros en advertir que esto causaría una crisis política, pero sabemos que cuando una ministra es cercana al Presidente o a líderes como Jackson, se convierten en intocables».
Por su parte, el diputado del PPD Raúl Soto opinó que «fue acertado retroceder en una compra que habría sido controvertida y que generaría problemas legales, políticos y éticos. Esto podría haber resultado en un grave error para el Gobierno. Aplaudimos que se haya reconocido a tiempo el error y se haya corregido».
Desde otros sectores del oficialismo, la senadora FRVS Alejandra Sepúlveda destacó la importancia de contar con un museo en las residencias de los presidentes Allende y Aylwin, ya que son hitos significativos en la historia de Chile, pero considera que la compra por parte de una ministra de Estado «no corresponde y es inconstitucional, a pesar de toda la buena fe que pudiera haber tenido la ministra, a quien conocemos y de la que tenemos la mejor impresión».
Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, diputado DC Eric Aedo, subrayó que «aquí se ha violado la Constitución y se han incumplido normas que prohíben este tipo de transacciones que involucran a ministros de Estado».
«¿Quién asumirá este error? ¿Lo hará la ministra de Bienes Nacionales? ¿O la jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales? Alguien cometió un error muy serio y esto no puede ser pasado por alto como si nada hubiera ocurrido».
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