Diego Palomo. Universidad de Talca.
Estimado Director:
Acemoglu y Robinson explican en su obra «Por qué fracasan los países: los orígenes de la prosperidad y la pobreza» (Deusto Ediciones, 2013) que ni la historia ni la geografía son determinantes para entender por qué algunos países prosperan y otros no; es la solidez de sus instituciones lo que marca la diferencia.
Ante la crisis de confianza en las instituciones, es notable que las universidades públicas se mantengan como una excepción a esta desconfianza generalizada. Surge entonces la pregunta: ¿están estas instituciones cumpliendo adecuadamente su rol en la construcción del Chile que anhelamos, un país mejor y más cerca del desarrollo, especialmente en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y en particular de la judicial?
Además, no podemos pasar por alto los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los cuales plantean una visión transformadora hacia la sostenibilidad para los países que los adoptaron en la Asamblea General de la ONU en 2015. Esta agenda se compone de 17 dimensiones con 169 metas que abarcan las áreas económica, social y ambiental, funcionando como un modelo de referencia para la comunidad internacional hasta el 2030.
El ODS 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Este objetivo trata de reducir la violencia, la corrupción y el soborno, garantizando el acceso a la justicia y una identidad jurídica para todos, además de fortalecer el estado de derecho y la participación ciudadana para alcanzar un desarrollo sostenible.
En este contexto, surgen desafíos nacionales en los cuales las universidades y facultades de derecho pueden desempeñar un papel crucial, generando espacios de reflexión crítica, ofreciendo apoyo en la creación y revisión de iniciativas legislativas, y desarrollando programas de capacitación y publicaciones que definan pilares fundamentales para un acceso a la justicia que sea oportuno, legítimo y respetuoso de los derechos humanos.
Así, propongo algunas preguntas iniciales que debemos abordar con realismo y una visión propositiva:
¿Cómo se relaciona la crisis de la justicia chilena con el actual sistema de nombramientos de jueces?
¿Realmente existe una base sólida para la desconfianza ciudadana hacia la justicia, o es un fenómeno amplificado por los medios y el oportunismo político?
¿Han demostrado ser eficaces los mecanismos de control de la corrupción?
¿En qué medida se garantiza la independencia judicial en relación con los otros poderes del Estado?
¿Puede la crisis de desconfianza abrir la puerta a la implementación de juicios por jurados en ciertos tipos de casos, como los penales más severos?
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la población para acceder a la justicia?
¿El Estado proporciona realmente acceso a representación legal a las personas en situación de vulnerabilidad económica?
¿Las medidas tomadas han sido efectivas para facilitar la comprensión del lenguaje jurídico por parte de la ciudadanía?
¿Cuál es el papel y la utilidad de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y conciliación? ¿Realmente mejoran el acceso a la justicia, especialmente en juicios familiares o laborales?
¿Deberían profundizarse y ampliarse estos mecanismos a otros tipos de procedimientos, como juicios civiles?
¿El uso de métodos alternativos debería ser voluntario o convertirse en un paso previo necesario antes de presentar una demanda judicial?
¿Cuáles son los límites que debe tener la inteligencia artificial en el ámbito judicial? ¿Cómo se garantiza el derecho a una justicia con rostro humano?
¿Debería la IA reemplazar a jueces y abogados en busca de decisiones más rápidas y objetivas?
Estas son solo algunas de las numerosas preguntas que requieren atención.
Como se puede observar, existe un amplio campo de acción donde las universidades, a través de sus facultades de derecho y centros especializados, pueden y deben contribuir de manera significativa a la construcción de un sistema judicial más robusto, eficiente y transparente, alineado con el ODS 16.
Estimado Director, para concluir, es momento de dejar atrás la fase «Anti» en relación con la justicia. Nos enfrentamos a desafíos cruciales y, reconociendo que no estamos ante el final de una era, podemos aspirar a modelos de resolución de disputas que superen los actuales. Por tanto, el llamado a rectores y decanos es a colaborar con el Estado en la formulación y ejecución de planes concretos que aborden problemas reales que afectan a los ciudadanos, impulsando el cambio en viejos paradigmas que ya no satisfacen las necesidades de una sociedad diversa.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
