REGIONAL.- El alcalde de Buin, Miguel Araya, estuvo presente en un desayuno con los vecinos junto al recién electo Presidente de la República, José Antonio Kast. Desde 2017, Araya está siendo investigado por delitos de corrupción, después de que la Fiscalía Occidente iniciara una indagación a raíz de una denuncia anónima sobre la contratación de funcionarios «fantasmas» en la municipalidad.
La PDI determinó que se pagaron más de $10 millones por trabajos que nunca se realizaron. Interrogaron al alcalde Araya, quien negó estar involucrado. Pero la investigación siguió y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) optó por presentar una querella en marzo de 2024, tras revisar las cuentas corrientes de Araya, en las que encontraron depósitos de esos mismos funcionarios «fantasmas» que están bajo investigación.
“Se revisó la información bancaria del imputado Miguel Araya Lobos, proporcionada por los bancos Estado, BCI, Chile, Santander y Falabella, y se encontró que entre 2017 y 2018, hizo 43 depósitos de dinero en efectivo que suman $96.331.121”, se detalla en la acción judicial del CDE.
La querella afirma que, al revisar las boletas, aparecieron nombres y apellidos de personal de la Municipalidad de Buin como depositantes.
Con estos antecedentes, el Ministerio Público abrió una causa contra el alcalde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que actualmente está en la unidad de Alta Complejidad.
Este medio intentó comunicarse con el alcalde Araya, pero no fue posible. Desde la municipalidad informaron que no pueden dar declaraciones sobre casos que están en investigación.
MINERA PRESENTA QUERELLA
La situación judicial del alcalde Araya se complicó más, ya que el 3 de diciembre la minera Doña Rufina presentó una querella en su contra por cohecho. La compañía, representada por su gerente general Carlos Fuenzalida, acusó que tanto Araya como el director de obras, Alejandro Ibacache, recibieron supuestos pagos para perjudicar el funcionamiento de la empresa, que se encuentra en quiebra.
“Han realizado una serie de actos para entorpecer, paralizar y privar a Doña Rufina de desarrollar su actividad legítima, motivados por el constante pago de dinero”, se detalla en la acción judicial, que fue aceptada por el Juzgado de San Bernardo.
Según Doña Rufina, estas maniobras han puesto a la minera en una mala posición financiera, ya que “enfrentan a un ente muy poderoso que ha intimidado a sus pocos clientes” por no acceder a pagar “un peso por favores del alcalde”.
Desde el Partido Republicano aseguraron no tener conocimiento de la situación del alcalde y enfatizaron que su participación en el desayuno de esta mañana se debió a que es el edil de la comuna donde el equipo de José Antonio Kast decidió organizar la actividad, siendo Araya un miembro de la coalición Chile Vamos.
Fuente: The Clinic
Con Información de delh.cl
