«Me han torturado y reprimido, pero no me silenciarán. Mi voz es lo único que tengo». Así inicia su testimonio Juan, un joven de cerca de 20 años que afirma haber sido objeto de tortura física y psicológica por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas tras su detención durante las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Fue una de las 1.800 personas que, de acuerdo a la ONG Foro Penal, fueron detenidas durante las protestas que siguieron al anuncio del Centro Nacional Electoral (CNE) de Nicolás Maduro como ganador, un resultado que la oposición y muchos países consideran como un fraude electoral.
El gobierno ha proporcionado cifras difusas sobre los detenidos. A inicios de agosto, Maduro mencionó que había «2.229 terroristas capturados.»
Juan fue liberado a mediados de noviembre, poco después de que Maduro instara a las autoridades judiciales a «rectificar» en caso de injusticias en las detenciones.
BBC Mundo conversó con él a través de videollamada. Por razones de seguridad, hemos decidido no revelar algunos detalles de su caso y hemos modificado su nombre.
El joven asegura que muchos de los detenidos son objeto de maltratos, reciben «comida descompuesta» y a los más rebeldes los encierran en dormitorios de tortura.
Mostró a BBC Mundo documentos y pruebas que respaldan su relato, el cual concuerda con otros testimonios y las denuncias de organizaciones no gubernamentales.
Juan, un activista político en contra del gobierno, menciona que la campaña electoral y los días previos a la elección estaban «plagados de esperanza y un gran número de personas listas para votar por el cambio».
Sin embargo, el anuncio del CNE poco después de la medianoche de ese domingo convirtió lo que para muchos era un ambiente de celebración en confusión y enojo.
Miles de venezolanos salieron a las calles para protestar en contra de un resultado que consideraron fraudulento. La oposición y organizaciones internacionales denunciaron una represión policial.
Aproximadamente 24 personas murieron durante las protestas, según la ONG Provea.
Maduro y algunos de sus funcionarios han apuntado a la oposición, la «extrema derecha» y grupos «terroristas» como responsables de las muertes.
Foro Penal, una ONG con sede en Venezuela, también reporta 23 personas que fueron detenidas y posteriormente desaparecieron.
«Nadie sabe donde están actualmente y tenemos plena certeza de que fueron detenidos», afirma el abogado y activista Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.
El gobierno venezolano no ha respondido a las denuncias sobre personas que han desaparecido tras las protestas.
«Hubo detenciones arbitrarias. Existen registros de personas que fueron arrestadas por celebrar el supuesto resultado de la oposición que daba como ganador a Edmundo González, o por publicar algo en redes sociales», continúa Himiob.
«También hemos tenido casos de individuos que ni siquiera estaban protestando, pero que por casualidad se encontraban cerca de una manifestación y fueron detenidos«, añade.
Juan es parte de este último grupo.
«UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN»
El joven, conocido por su activismo político en su comunidad, relata que tras las elecciones el país amaneció bajo una intensa vigilancia policial y militar.
Cuenta que estaba en la calle realizando un trámite cuando un grupo de hombres encapuchados lo detuvo, le cubrieron la cara y lo golpearon mientras le gritaban que era un terrorista.
«Me plantaron bombas molotov y gasolina, y luego me llevaron a un centro de detención», prosigue.
Indica que no es la primera ocasión que vive esto. En 2017, cuando miles de venezolanos salieron a las calles en protesta contra el gobierno de Maduro, también fue «secuestrado».
Desde entonces, asegura que constantemente ha sido amenazado y acosado por las autoridades.
Sin embargo, esta vez, lo acusan de terrorismo y de incitación al odio, entre otros delitos.
Estuvo detenido en una prisión en el interior del país durante varias semanas, hasta que fue trasladado a Tocorón, una cárcel de alta seguridad ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, y conocida por haber sido una base de operaciones del Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más temidos de América Latina.
Allí viviría lo que califica como la peor experiencia de su vida.
«Cuando llegamos a Tocorón, nos desnudaron, nos golpearon y nos insultaron. Nos gritaban ‘terroristas’. Teníamos prohibido levantar la mirada y debíamos mantener la cabeza agachada hacia el suelo», cuenta Juan.
«Después nos pusieron uniformes y nos llevaron a las celdas», añade.
A Juan le asignaron una pequeña celda de tres por tres metros, que tenía que compartir con otras cinco personas.
En la celda había seis camas distribuidas en tres literas y un «cuartito» sin privacidad en una esquina, que servía como baño, donde habíaun pozo séptico y «un tubo que hacía las veces de ducha».
Describe las camas como «tumbas de cemento» con un colchón muy delgado.
«Más que una prisión, en Tocorón me sentí como en un campo de concentración«, asegura el joven.
«Me hizo recordar todo lo que he visto en películas y los relatos sobre los campos de concentración y la tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile«.
El gobierno venezolano acusa de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, daños a propiedad pública y obstrucción de vías públicas a la mayoría de los detenidos en las protestas.
El presidente Maduro los ha calificado como «criminales fascistas» y se ha enorgullecido de enviarlos a cárceles de máxima seguridad.
«No fueron manifestaciones pacíficas, sino grupos armados delictivos, actuando para crear caos y provocar una intervención extranjera«, explicó el fiscal Tarek William Saab hace unas semanas.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió: “No podemos continuar así: a cada perdón le sigue una nueva conspiración y a cada conspiración un nuevo perdón”.
El 11 de noviembre, Maduro instó a los jueces del país a revisar los casos y «rectificar» si hubo errores en las detenciones poselectorales.
Cinco días después, la Fiscalía General de Venezuela anunció la liberación de 225 personas detenidas durante las protestas.
Según el Ministerio Público, esta decisión fue resultado de «exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y pruebas recabadas por los fiscales«.
Juan es parte del grupo que fue liberado.
Considera que, al igual que él, muchas personas fueron excarceladas debido a problemas de salud.
UN DÍA A DÍA «INHUMANO»
Juan describe su rutina diaria en Tocorón como «monótona e inhumana».
«Nos sometían a torturas físicas y psicológicas. No nos dejaban dormir; constantemente venían a exigirnos que nos levantáramos y nos alineáramos«, explica.
«Nunca sabíamos la hora, porque no había relojes. Comenzamos a preguntar a los visitantes la hora y luego calculábamos el tiempo según los rayos del sol que entraban por la ventana», continúa.
«Nos despertaban alrededor de las 5 am para alinearnos al frente de la celda. Los custodios nos pedían mostrar nuestros pases y números», añade.
Luego, a las 6 am, les activaban el agua por seis minutos para que se bañaran.
«Seis minutos para seis personas y solo una regadera, con agua muy fría. Si eras el último en bañarte y no te daba tiempo de quitarte el jabón, quedabas así el resto del día», relata.
Luego, tenía que esperar el desayuno, que a veces llegaba a las 6 am y otras veces a las 12 pm.
«Además de esperar la comida, no había nada más que hacer. Solo podíamos caminar dentro de la pequeña celda y contar historias. También hablábamos de política, pero en voz baja, ya que si nos escuchaban los custodios nos castigaban«.
Cuenta que otros prisioneros pasaban parte del día mirando la montaña y la calle a través de las pequeñas ventanas de la celda.
Para él, la cena era tan impredecible como el desayuno.
«A veces llegaba a las 9 pm y otros días a las 2 am».
«PALIZAS RUTINARIAS»
Juan menciona que muchos de sus compañeros estaban deprimidos y varios habían perdido las ganas de vivir: «Muchos actuaban como zombis. Solo esperaban la comida, que además era de mala calidad».
«Nos daban comida en mal estado. A veces servían pellejo de carne con arroz picado, como se lo dan a las gallinas o perros. En otras ocasiones, nos ofrecían sardinas que ya estaban pasadas de fecha».
El día que salió de prisión, Juan recuerda que a todos los prisioneros que iban a ser liberados les tomaron fotos frente a un plato de comida balanceada: «Supongo que lo hicieron para tener ‘pruebas’ de que nos trataron bien».
Sin embargo, asegura que sufrió mucho hambre e incluso todavía tiene hambre.
Según Juan, algunos de los detenidos recibieron palizas rutinarias o los obligaban a «caminar como ranas» con las manos en los tobillos.
También describe «celdas de castigo», donde son enviados los que son considerados más rebeldes, o a aquellos que osan hablar de política o piden una llamada telefónica para comunicarse con sus familiares, cuenta Juan.
«Les llaman ‘los tigritos’ y las condiciones son verdaderamente inhumanas«, asegura Gonzalo Himiob, abogado de Foro Penal.
Juan dice que estuvo en «el tigrito» de Tocorón y que recibía comida cada dos días.
«Es una celda muy oscura y mide un metro por un metro. Pasé muchísima hambre. Solo de recordarlo me da hambre. Lo que me mantenía con fuerzas era pensar en todas las injusticias que sucedían y que algún día podría salir de allí», recuerda.
En Tocorón hay otra celda de tortura conocida como «la cama de Adolfo», narra Juan. Los presos dicen que lleva ese nombre en memoria de la primera persona que murió allí.
«Es un cuarto oscuro y sin oxígeno del tamaño de una bóveda. Te encierran ahí por unos minutos hasta que no puedes respirar y te desmayas o comienzas a golpear la puerta con desesperación. A mí me metieron y duré poco más de cinco minutos. Pensé que iba a morir«, recuerda.
«Lo lamento por mi mamá, mi familia y las personas que me quieren, que siempre me piden que me quede tranquilo, pero nunca dejaré de luchar por el futuro de Venezuela«, agrega, antes de mencionar que el poco miedo que tenía lo perdió en la cárcel de Tocorón.
DENUNCIAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Juan cuenta que en esta prisión los reclusos tienen 10 minutos para salir de la celda tres veces a la semana.
«Hay dos canchas y esos 10 minutos los presos los utilizan para jugar fútbol, voleibol o caminar. Pero a veces no hay tiempo ni de tocar la pelota«, aclara.
«Muchos prefieren quedarse en sus celdas, porque el tiempo que se tarda en salir en fila, bajar y subir, es más que lo que se pasa afuera«.
Juan alega que en esta cárcel no existen derechos humanos.
«El gobierno trata mejor a otros reclusos, que son verdaderos delincuentes, que a nosotros. Si visitas otras cárceles en Venezuela, verás que los presos consumen alcohol, fuman, tienen teléfonos y hasta acceso a Netflix«.
Himiob, abogado y activista del Foro Penal, califica las condiciones de los detenidos en Tocorón como «deplorables» y sostiene que se están violando derechos fundamentales, como el de acceso a una defensa adecuada.
«A todos les asignan abogados públicos de oficio. Inicialmente, no les permitían contactar con familiares, pero incluso hoy en día ese contacto es esporádico«, explica.
«El gobierno sabe que si permite el acceso a un abogado privado que no sea un funcionario, este puede documentar todas las violaciones al debido proceso que están ocurriendo».
Expertos de Naciones Unidas (ONU) presentaron en octubre denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las protestas que ocurrieron después.
Denunciaron persecución política, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles afines.
En la actualidad, la Corte Penal Internacional (CPI) está investigando al gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.
El gobierno venezolano declaró en un comunicado que esta investigación «busca instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, basándose en acusaciones de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca ocurrieron».
BBC Mundo solicitó una entrevista al Ministerio Público sobre las acusaciones de maltrato y tortura a los detenidos, pero hasta el momento de publicación no había recibido respuesta.
«YA NO LE TEMO AL GOBIERNO»
Según Juan, muchos de los detenidos en Tocorón solo esperan una fecha: el 10 de enero de 2025.
Confían en que ese día serán liberados tras una transición política, ya que es cuando debe realizarse el traspaso de poderes por la elección presidencial del pasado 28 de julio.
Edmundo González, el líder opositor proclamado ganador según informes de más del 80% de las actas electorales y actualmente exiliado en España, ha insistido en que regresará al país para asumir como presidente electo.
Por su parte, Maduro ha denunciado que existe una conspiración para derrocarlo y ha amenazado a quienes se atrevan a incitar una transición.
«Lo pagarán», puntualizó.
A tres semanas de las 225 excarcelaciones anunciadas por el gobierno, la ONG Foro Penal solo ha podido confirmar 165.
Juan admite que siente una extraña sensación de culpa, porque cientos de sus «compañeros siguen sufriendo»en prisión.
El joven, que afirma no haber pensado en emigrar, sueña con una Venezuela próspera.
«Deseo que todos podamos vivir bien y en armonía donde los jóvenes tengan la posibilidad de ir a la universidad», concluye.
«Amo profundamente a mi país. A pesar de estar enfrentando la peor crisis y tener cortes eléctricos casi diarios en el interior del país, los venezolanos seguimos siendo un pueblo alegre y positivo«.
Juan indica que el 10 de enero planea estar de nuevo en las calles apoyando a Edmundo González, a pesar de las amenazas recibidas tras su liberación.
«Ya no le temo al gobierno de Venezuela. Me acusan de los peores crímenes, como terrorismo, a pesar de que soy un joven que no ha hecho más que amar a nuestro país y ayudar a quienes me rodean«, señala.
Recientemente, la ONG Provea denunció la muerte del opositor político Edwin Santos, encontrado muerto el 25 de octubre de 2024, dos días después de que testigos informaran sobre su detención por un grupo de hombres encapuchados, supuestamente fuerzas de seguridad.
«No tengo miedo», repite Juan, antes de admitir que ha dejado escritos «por si me pasa algo».
La lucha de las 225 personas liberadas este mes no termina con su regreso a casa, advierten sus familiares.
Aseguran que muchos arrastran secuelas psicológicas de lo vivido en prisión y que ya no son los mismos.
El padre de otro joven liberado le relató a BBC Mundo que su hijo no ha dejado de llorar desde que volvió a casa.
«Hemos tratado de tranquilizarlo. Lo veo consternado. Tiene pesadillas. Se despierta en la noche creyendo que sigue detenido», relata.
«Me da miedo hacerle preguntas inapropiadas. No sé si intentaron abusar de él. No he querido confrontarlo. Más bien, estoy buscando ayuda de un psicólogo», agrega.
El joven, como la mayoría de los liberados, está sujeto a un régimen de presentación cada 30 días ante un tribunal de terrorismo en Caracas.
«¡Terrorismo!», exclama el padre del joven, sorprendido por la gravedad de la acusación.
«No quiero que salga solo a ningún lado. Solía jugar baloncesto e ir al gimnasio. Ya no quiero que salga a ningún lugar. Tengo un temor constante de que vuelvan a buscarlo. Prefiero que esté lejos».
(Imágenes: Daniel Arce-Lopez/BBC, Getty Images)
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