Alejandro Cárcamo Righetti, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
El miércoles 6 de noviembre de 2024, la abogada Dorothy Pérez Gutiérrez tomó posesión de su cargo como Contralora General de la República, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar esta función en los 97 años de historia de la institución. Su nombramiento, ratificado por el Senado con 46 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, fue mayoritariamente celebrado. Sin lugar a dudas, su llegada generó un gran impacto en el entorno político y social.
A medida que asumía el liderazgo del organismo contralor, el enfoque y las decisiones de la nueva Contralora comenzaron a ser objeto de atención pública.
La implementación de diversas medidas, aplaudidas por algunos por su énfasis en mejorar el control en la administración pública, también generó críticas contundentes de otros sectores.
Ese mismo día, Pérez Gutiérrez comunicó que el principio de protección de la confianza legítima para los empleados a contrata se había vuelto disputable, por lo que, a partir de entonces, la Contraloría se abstendría de intervenir en reclamaciones relacionadas con ello.
Dicha decisión fue rápidamente cuestionada por varias asociaciones de trabajadores, que argumentaron que esto significaba un retroceso en la defensa de los derechos de los empleados a contrata.
Desde mi perspectiva, el principio de protección de la confianza legítima en estos puestos, creado por el ex Contralor Bermúdez en 2016, fue siempre objeto de críticas por desnaturalizar la regulación legal existente. Sin embargo, resulta curioso que la actual Contralora no haya decidido anular esta jurisprudencia, sino que simplemente ha declarado que corresponde a los tribunales resolver sobre su aplicación.
Más adelante, en 2025, la Contraloría General de la República publicó varios informes sobre empleados públicos que, mientras estaban de licencia médica, habrían viajado al extranjero durante 2023 y 2024, lo que llevó a iniciar múltiples procedimientos disciplinarios en la administración pública para investigar posibles responsabilidades. Adicionalmente, se presentó otro informe que expone que algunos funcionarios, también con licencia médica, ingresaron a casinos, contraviniendo así el periodo de reposo estipulado.
Estos informes causaron un gran revuelo en la opinión pública, aunque también atrajeron críticas por el posible tratamiento excesivo de datos personales protegidos y la falta de diferenciación en las circunstancias específicas de cada caso.
A pesar de la gravedad de la situación que describen los informes, es importante que cada caso se evalúe individualmente en los procedimientos disciplinarios correspondientes, permitiendo así la posibilidad de aplicar sanciones adecuadas, que pueden ir desde la destitución hasta la absolución del acusado.
Finalmente, el 22 de julio de 2025, la Contraloría anunció nuevas directrices para la actualización de los sistemas de control de asistencia en las entidades de la Administración del Estado, con el objetivo de garantizar que los mecanismos, ya sean automatizados o tecnológicos, aseguren integridad, veracidad, transparencia, confiabilidad y oportunidad en el registro de los horarios de los funcionarios públicos.
Una vez más, surgieron críticas sobre la posible rigidez de estas nuevas medidas, señalándose que no siempre considerarían las particularidades de las funciones desempeñadas por ciertos funcionarios.
A pesar de que estas directrices parecen justificar, corresponderá a las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado determinar los sistemas de control adecuados que se alineen con las funciones específicas de cada grupo de empleados públicos.
En resumen, entre elogios y objeciones, es indudable que la nueva Contralora General de la República ha iniciado un cambio significativo en el organismo contralor, lo que esperamos se traduzca en una Administración Pública más moderna, íntegra, eficiente y eficaz en el futuro cercano.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
