Los últimos ataques y la violencia en el Instituto Nacional no son solo deslices ni actos de indisciplina. Son el reflejo crudo de una crisis sistémica que convierte a los profes en víctimas de conflictos sociales que los superan.
Este aumento en la violencia, que incluye bombazos molotov a profesores en octubre y agresiones previas con combustible, demuestra que los docentes han pasado de ser guías a rehenes en sus propias salas, pidiendo protección integral y no solo respuestas represivas. La sociedad no puede seguir haciéndose la lesa frente a este tema que está dañando nuestras bases y que, sin una intervención urgente, colapsará irremediablemente.
Según la Superintendencia de Educación, se reportaron 2.501 denuncias por violencia escolar en el primer trimestre de 2025, un aumento del 14,2% en comparación con 2024, y el maltrato hacia docentes creció un 121,2%. De enero a junio, hubo 8.678 denuncias, el 70% por problemas de convivencia, incluyendo agresiones físicas y psicológicas. Encuestas del Colegio de Profesores indican que el 90% ha sufrido algún tipo de agresión, con insultos en el 86,8%, amenazas en el 25% y ataques físicos que se han duplicado en cuatro años. En Biobío, las denuncias crecieron un 15,7% en seis meses, y se registra un récord de ciberacoso. Además, el 77% de las víctimas de violencia de género en la docencia son mujeres. Con un descenso del 35% en matrículas de pedagogía (2018-2022), surge la pregunta: ¿quién educará a la próxima generación frente a este “docenticidio” estructural?
Es necesario construir un muro de contención ético y práctico, reconociendo la docencia como una profesión de alto riesgo, que requiere respaldo legal, emocional, formativo y económico. Los gremios exigen una formación obligatoria en manejo de conductas disruptivas, mediación restaurativa, técnicas de desescalamiento y protocolos de seguridad, para que ningún profe vuelva al aula sin apoyo. También solicitan mentorías y reducción de carga horaria para los profes nuevos, acompañamiento emocional y evaluación de competencias desde el inicio.
En cuanto a la salud mental, urge implementar encuestas psicosociales obligatorias y acceso rápido a apoyo psicológico, reconociendo el estrés docente como una enfermedad laboral. Las licencias por agresiones deben ser protegidas sin afectar negativamente la carrera. A nivel institucional, se necesita asistencia jurídica gratuita, sanciones reales y ajustes en beneficios laborales que reconozcan el impacto del rol docente y frenen la deserción masiva.
Esta violencia no surge de la nada, sino que es el resultado de desigualdades y exclusión social donde las escuelas más vulnerables reflejan brechas profundas, canalizando la frustración estudiantil hacia los profesores, que son la autoridad más desprotegida. Las altas tasas de depresión adolescente, conflictos familiares y déficits en salud mental se agravan en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, históricamente estigmatizados y sin recursos para una inclusión real. Etiquetar a las instituciones solo profundiza la fractura social; en cambio, la prevención activa mediante diagnósticos psicosociales y programas socioemocionales basados en evidencia es clave. En Chile, iniciativas con participación familiar han reducido agresiones en un 20%, pero la escalabilidad de estas depende de la voluntad política.
El liderazgo oficial y algunos medios de comunicación agravan el problema, con un sensacionalismo que invisibiliza soluciones y presenta solo la criminalización de grupos, fomentando polarización y desconfianza. La solución requiere una coordinación real entre el Ministerio de Educación, Salud, Justicia y Desarrollo Social, más allá de parches normativos. Las orientaciones para 2025 avanzan en protocolos de convivencia y detección temprana, pero necesitan presupuesto y ejecución inmediata para recuperar la confianza.
Proteger a los docentes no es un gasto, sino una inversión para frenar esta metástasis y salvar el sistema. Familias, autoridades, tribunales y medios deben asumir su responsabilidad para fortalecer la convivencia y repudiar la violencia. El profesor, la columna vertebral del país, hoy arde como la sala del Instituto Nacional. ¿Hasta cuándo dejaremos que la indiferencia, desigualdad e inacción consuman aulas, vidas y el futuro? El tiempo de actuar con decisión es ahora, antes de que sea irreversible.
Romina Irribarra Vivanco
Directora del programa de Pedagogía en Educación Media
Universidad Andrés Bello, Concepción
Con Información de portalmetropolitano.cl
