El creciente hallazgo de celulares en las cárceles chilenas ha generado nuevas preocupaciones sobre la efectividad del control en el sistema penitenciario. Expertos en seguridad señalan que un aumento del 26% en los descubrimientos durante el último año evidencia las vulnerabilidades que permiten la actividad delictiva desde el interior de los recintos.
Este tema ha cobrado relevancia en medio de investigaciones judiciales recientes. En un caso relacionado con una estafa telefónica a la actriz Amparo Noguera, el juez de Garantía Leonardo Valdivieso determinó que “dado que no se ha establecido su participación en los delitos imputados, no se le aplicarán medidas cautelares” a tres de los imputados.
La fiscalía luego apeló, logrando que se ampliara la prisión preventiva a otros involucrados, aunque aún no hay un pronunciamiento claro sobre la implicación de los internos. Se constató que, durante el operativo, Gendarmería incautó 12 teléfonos celulares con sus tarjetas SIM en las celdas de los imputados, lo que indica que “la evidencia, junto con el informe de Gendarmería, justifica la existencia del delito” en relación con la tenencia de elementos prohibidos.
Más allá de este caso específico, los datos generales revelan una tendencia en aumento. En 2024 se reportaron 27,762 dispositivos confiscados, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 34,921. El exdirector de Gendarmería Christian Alveal, en conversación con el diario El Mercurio, afirmó que “el incremento en las incautaciones de teléfonos y otros objetos prohibidos es un indicativo claro de las vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control y seguridad”. A su juicio, la circulación de estos dispositivos “facilita la operación continua de organizaciones criminales” y, en un sistema penitenciario eficiente, tales situaciones deberían “tender a cero”.
Alveal también enfatiza que solo una minoría de los internos puede costear el ingreso ilegal de dispositivos, estimado en alrededor de $350 mil, considerando sobornos y el valor del equipo. Propone que se debería avanzar hacia una inteligencia penitenciaria que identifique perfiles de demanda y reduzca la oferta.
El exfiscal Luis Toledo ofrece una perspectiva complementaria, señalando que este fenómeno puede explicarse tanto por un incremento en los controles como por un mercado ilícito más activo. En cualquier caso, sostiene que el “ingreso ilegal sigue siendo un problema estructural” y que “un mayor número de incautaciones puede reflejar mejoras en los controles, pero también evidencia que el mercado negro de celulares en cárceles no solo persiste, sino que se adapta”.
Las críticas también apuntan a los inhibidores de señal instalados en algunas cárceles. Toledo sugiere que “el enfoque debería cambiar hacia una estrategia de control más inteligente, que combine persecución penal, tecnología y regulación”, incluyendo la trazabilidad de IMEI, el bloqueo efectivo de equipos y una mayor colaboración de las compañías telefónicas, advirtiendo que “el sector privado no es un actor neutro”.
Alveal concuerda en que los inhibidores son insuficientes mientras existan brechas de seguridad y sugiere incluso prohibir la instalación de antenas cercanas a cárceles a través de modificaciones legales.
El problema no solo radica en el control, sino también en la persecución penal. La resolución judicial del caso Noguera indicó que “no se acreditó nada en relación con el lugar de las llamadas y de quiénes las habrían realizado”, revelando las dificultades en la recolección de pruebas. Toledo explica que asociar dispositivo, chip y usuario requiere pericias complejas, rápida cooperación de empresas y registros confiables, todo en un contexto de celulares compartidos, ocultamiento de evidencia y participación de terceros fuera de las cárceles.
Alveal añade que las investigaciones dentro de las cárceles enfrentan riesgos para los testigos y dinámicas de poder que pueden distorsionar la asignación de responsabilidades, por lo que “los estándares probatorios en delitos intracarcelarios no pueden ser los mismos que en la sociedad libre”.
Con cifras en aumento, limitaciones tecnológicas y desafíos investigativos que persisten, el control de las comunicaciones ilegales en cárceles se configura como una de las brechas más críticas del sistema de seguridad, generando presión por reformas que trasciendan las medidas actuales.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
