El Gobierno ha decidido trasladar a 285 reos de mediana y alta peligrosidad de Santiago al Complejo Penitenciario Biobío. Esta decisión ha encontrado una fuerte oposición por parte de parlamentarias y funcionarios del sistema penitenciario, quienes alertan sobre los potenciales efectos negativos en la seguridad y estabilidad del sistema carcelario en la región.
Numerosos factores apuntan a esta preocupante situación, donde la Gendarmería se ha puesto en alerta, cuestionando su capacidad para manejar este incremento de internos. Esto se agrava por el potencial conflicto entre bandas o grupos que operan en este recinto penitenciario de la zona.
La decisión, enmarcada en la crisis penitenciaria que atraviesa el país, busca aliviar la saturación en las instalaciones de la Región Metropolitana. Sin embargo, las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente) han expresado su preocupación por la falta de planificación y el riesgo que este traslado representa para la seguridad del penal El Manzano y sus alrededores.
Según la diputada Pérez, esta medida es “irresponsable” y pone en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios. “No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados sin considerar el impacto en la comunidad local. La crisis penitenciaria es un problema nacional, pero Biobío no puede ser tratado como un ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana,” destacó.
Un problema de seguridad en el penal Biobío
En este contexto, Medina advirtió que esta decisión pone en peligro la seguridad del penal y podría desencadenar conflictos internos. “La cárcel de El Manzano ya opera en condiciones críticas. Aumentar el número de reos solo incrementará la tensión dentro del recinto y deteriorará las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios,” comentó.
Asimismo, ambas parlamentarias subrayaron que la saturación en los penales puede llevar a episodios de violencia, recordando el hallazgo de un interno asesinado en su celda meses atrás. “Si el Gobierno avanza con esta medida, se arriesga a provocar un colapso y posibles motines,” alertó Medina, quien también ha manifestado que buscará la salida de las autoridades responsables si no se revierte la decisión, sobre todo en un contexto donde la seguridad en Biobío ya es un tema crítico debido a la presencia de bandas y delincuentes peligrosos.
A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia ha defendido su decisión, argumentando que forma parte de un plan de redistribución carcelaria y que ya se están realizando obras de ampliación en la cárcel de El Manzano para albergar a estos internos. No obstante, las parlamentarias consideran que estas medidas son insuficientes y piden un enfoque integral que garantice tanto la seguridad de los internos como la estabilidad del sistema penitenciario.
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Con Información de elcontraste.cl
