La ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró su respaldo a la actuación de la Policía de Investigaciones (PDI) tras las directrices que el exsubsecretario Manuel Monsalve entregó a la entonces jefa de Inteligencia de la entidad.
“Hasta ahora, lo que conocemos del caso es que una autoridad solicitó un informe de Inteligencia, lo cual estaba dentro de sus competencias, por lo que la directora de Inteligencia, al acoger dicha solicitud, no incurrió en ninguna ilegalidad”, comentó.
“El asunto no radica en que la directora haya realice la solicitud, sino en que al cumplirla, llevó a cabo acciones que resultaron ser completamente imprudentes. Así lo evaluó el director de la PDI, y por esta razón le solicitó la renuncia”, indicó la ministra durante su participación en la comisión mixta que examina las diferencias surgidas en ambas cámaras del Congreso respecto al proyecto de creación del Ministerio de Seguridad.
Tohá añadió que “la directora no tiene la obligación de informar a su director sobre las operaciones de Inteligencia que lleva a cabo, ni el director puede exigirle que le cuente todas las operaciones en las que está involucrada. Por ello, la responsabilidad se asume a ese nivel”.
En relación a la llamada que hizo a Monsalve para informarle sobre la presencia de detectives en el hotel donde supuestamente ocurrió el ataque sexual, la autoridad enfatizó que se realizó de acuerdo a la legislación vigente.
“Fue legal tal como se hizo, y funcionó adecuadamente. Cuando un subsecretario es solicitado para una diligencia en su lugar de residencia, el jefe encargado de la operación informa a su superior, que es el director de la Policía de Investigaciones, y este último notifica a la jefatura del subsecretario”, explicó.
“Dado que el subsecretario es el investigado, no parece prudente contactarlo directamente. Esa es la forma en que se procede, y eso es lo que hace esta ministra”, aclaró.
La secretaria de Estado también mencionó que desde el Ejecutivo esperan que la nueva entidad establezca protocolos alineados con la Ley de Inteligencia para que las autoridades no puedan solicitar informes sin la supervisión de un superior.
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