Desde este miércoles, entra en vigor en Chile una nueva ley que regulará los funerales considerados de alto riesgo, comúnmente denominados «narcofunerales». Esta normativa tiene como objetivo preservar el orden público y evitar que estas ceremonias sirvan para enaltecer el crimen organizado.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, detalló que el propósito principal de la ley es “brindar tranquilidad a la población” y garantizar que los ritos funerarios se realicen de manera segura. Además, enfatizó que se busca impedir que estas ceremonias “se utilicen como medios para glorificar el crimen o los delitos asociados”.
Una de las disposiciones más importantes establece que los funerales de riesgo deben llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas desde que el delegado presidencial emite la resolución adecuada. Este tiempo abarca el proceso completo: inscripción de la defunción, identificación del fallecido y traslado al lugar de sepultura o cremación.
La legislación también refuerza los mecanismos de control: se podrán llevar a cabo controles de identidad y restringir el acceso a cementerios y crematorios a personas en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas durante los traslados.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó la nueva normativa señalando que “fortalece este proceso” y anunció que, en promedio, entre 35 y 40 efectivos policiales serán desplegados en cada uno de estos funerales. «Esto está orientado a garantizar la seguridad de todos los involucrados y a prevenir cualquier actividad ilícita», comentó.
Las sanciones para quienes incumplan esta ley incluyen penas de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años y un día de cárcel, además de multas que pueden llegar hasta 20 unidades tributarias mensuales (UTM).
Desde mayo de 2019, se han contabilizado en el país 2.438 funerales catalogados como de riesgo, con 169.968 controles preventivos, 1.610 detenciones y un despliegue acumulativo de 136.633 carabineros. La nueva normativa busca abordar esta problemática y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentarse a este fenómeno.
Con Información de hoysantiago.cl