Alejandro Cárcamo Righetti. Profesor Auxiliar de Derecho Administrativo en la Universidad Católica del Maule. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Doctor en Derecho por la Universidad de Talca.
No me siento particularmente alineado con algún enfoque teórico o político sobre el tamaño ideal del Estado, ni sobre los ámbitos de su influencia, o la intensidad de esta. El Estado, como una construcción social y jurídica, se configura de acuerdo a las convicciones y necesidades de cada sociedad en todos los tiempos y lugares.
Sin embargo, es evidente y conocido que nuestro Estado ha ido creciendo con el tiempo, evidenciado en la creación de nuevos organismos, como el Ministerio del Medio Ambiente (2010), el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género (2015) y el Ministerio de Seguridad Pública (2025), entre otros. Además, se ha incrementado el número de funcionarios públicos en la última década, lo cual ha elevado el costo fiscal, ya que actualmente hay más de 844,000 empleados del Estado. Esto también ha traído consigo un aumento en la carga tributaria que deben soportar los ciudadanos para financiar sus operaciones.
Este crecimiento estatal podría no ser objeto de críticas si se reflejara en una buena administración, entendida como aquella que, según Alagón en la doctrina española, “(… ) atiende a los fines que la justifican”. Es decir, si la eficacia y eficiencia realmente guiaran las acciones del Estado; si su labor resultara en una satisfacción efectiva de las necesidades colectivas; si un mayor tamaño del Estado se tradujera proporcionalmente en más servicios y beneficios para la población, entonces el debate sobre el tamaño y la actuación del Estado sería menos relevante.
No obstante, la realidad es más complicada. La expansión de la burocracia, el aumento del personal público y el incremento de la carga impositiva no parecen alinearse con las expectativas de los ciudadanos, ni necesariamente traducirse en una mejor atención de las necesidades públicas.
Solo en 2024, más de 36,000 personas fallecieron esperando atención médica en el sistema público; la crisis del sistema educativo con el deterioro de los Liceos Emblemáticos; y los desafíos en materia de seguridad pública y migración son solo algunas manifestaciones de lo anterior.
La tan anhelada y nunca cumplida modernización del Estado no se limita a nuevas regulaciones o a la reestructuración organizativa, sino que, lo más exigente, requiere un cambio en la actitud y mentalidad. Es esencial el uso responsable y eficiente de los recursos públicos; el desempeño honesto y dedicado de las autoridades y funcionarios; el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos; la simplificación de procesos; la despolitización de decisiones técnicas; la auditoría constante de políticas, planes y acciones del sector público; y la colaboración con el sector privado en aquellas áreas donde sea necesario. Estos elementos deben ser centrales en la gestión estatal.
La falta de atención a estos aspectos ha incrementado y seguirá aumentando la insatisfacción ciudadana y la desconfianza en las instituciones, un caldo de cultivo propenso a provocar crisis sociales y políticas significativas.
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