La Fiscalía de Bolivia solicitará la detención preventiva del expresidente Evo Morales (2006-2019) por un periodo de seis meses, en el marco de la investigación por trata de personas que se ha iniciado en su contra, así lo anunció este lunes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre, Mariaca confirmó que la Fiscalía Departamental de Tarija ha presentado hoy una acusación formal contra dos personas, incluido Morales, «por el delito de trata de personas agravado».
«Se está pidiendo una medida excepcional de detención preventiva por seis meses en una prisión pública», destacó.
Mariaca indicó que ahora se espera que un juez cautelar establezca la fecha para la audiencia en la que se solicitará esta medida.
Asimismo, mencionó que el cumplimiento del mandamiento de aprehensión «es tarea de la policía», quienes deben explicar «en qué momento la ejecutarán o por qué no se ha llevado a cabo» la orden de captura contra el exmandatario.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que hoy se ha presentado «una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado» y que están a la espera de que el juez cautelar determine fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.
Según la denuncia, Morales supuestamente habría incurrido en los delitos de trata de personas y estupro con una menor, de la cual se alega que tuvo un hijo y que habría sido parte de un grupo político juvenil creado por el exmandatario durante su gestión.
Además, el proceso indica que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» al entregarla a Morales a cambio de «favores».
La fiscal también informó que se ha solicitado una alerta migratoria para Morales y Pozo.
Adicionalmente, indicó que se emitió una orden de aprehensión contra Morales el 16 de octubre, que todavía no se ha podido ejecutar por diversas razones, según consta en «diversos informes» de la policía que reportan la falta de éxito en localizarlo.
Tras la emisión de la orden de captura, seguidores de Morales llevaron a cabo intensos bloqueos de carreteras por 24 días, especialmente en el centro del país, en su defensa, lo que dificultó el ingreso de la policía al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, explicó la fiscal.
En paralelo a este proceso en Tarija, en la región central de Cochabamba existen otras siete denuncias por supuestos abusos a menores en contra de Morales, y el mes pasado se dio a conocer que se abrió una investigación penal en Argentina por presunta trata de personas y abuso sexual.
Morales residió en Argentina durante un año tras la crisis social y política de 2019, en la que renunció a la presidencia alegando ser víctima de un supuesto golpe de Estado en medio de denuncias de fraude electoral en los fallidos comicios de ese año.
Las indagaciones contra el político por trata de personas y estupro se producen en el contexto de su enfrentamiento con el Gobierno de Luis Arce por el control del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
Con Información de hoysantiago.cl
