La investigación sobre un presunto fraude fiscal en la Municipalidad de San Bernardo ha cobrado nuevo impulso. El fiscal adjunto de la comuna, Rubén Salas, ordenó el pasado viernes 5 de diciembre una serie adicional de diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), con el propósito de profundizar en el caso que involucra a la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) por la gestión de recursos durante su mandato en la Corporación Municipal.
Según el documento enviado a la Bicrim de San Bernardo —al que tuvo acceso el diario La Tercera—, el Ministerio Público solicitó citar a declarar como testigos a todos los concejales actualmente en funciones. Entre ellos figuran Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI). Esta última no solo forma parte del concejo, sino que también tiene un vínculo familiar con la exalcaldesa, ya que es su sobrina y expareja del exjefe de finanzas municipal, Mario Astorga, quien también está en la mira de la investigación.
La Fiscalía también ha solicitado a la Corporación Municipal de Educación y Salud que entregue toda la documentación relacionada con las rendiciones de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos que otorga el Ministerio de Educación para mejorar las escuelas públicas y cuya gestión ha sido objeto de cuestionamientos. La corporación enfrenta una elevada deuda por gastos no justificados, lo que ha llevado a una acción judicial del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según el CDE, entre 2015 y 2017 no se cumplió con una rendición adecuada que explique el uso de más de 4.000 millones de pesos, dinero que podría haberse desviado a otros propósitos o no se habría justificado en absoluto.
El actual alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), ha sido contundente en sus declaraciones sobre estos fondos. Indicó que “esa plata no era para sueldos ni fiestas, era para que los niños tuvieran mejores colegios”, enfatizando que el municipio ahora deberá asumir esta deuda con sus propios recursos, lo que tendrá un impacto negativo en la gestión local.
La investigación relacionada con los FAEP no es la única acción judicial que enfrenta la exalcaldesa Cuevas. En 2021, el municipio interpuso otra querella por fraude al fisco por irregularidades en subvenciones escolares entre 2016 y 2020, con montos que superarían los 20.000 millones de pesos. En el transcurso de esa investigación, la exjefa comunal declaró como imputada en 2024, argumentando que delegó las decisiones operativas y técnicas en la corporación y que solo mantuvo una “actitud muy macro” hacia su funcionamiento.
El ambiente político en la comuna también es tenso. En octubre, concejales de Republicanos y la UDI presentaron un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional para destituir al alcalde White por notable abandono de deberes y por causar, según ellos, un “grave perjuicio patrimonial” a la comuna. Además de señalar las deudas históricas de la Corporación Municipal, los concejales acusan que en 2022 se firmaron convenios y contratos colectivos sin el respaldo presupuestario necesario, lo que generó un déficit de más de 3.300 millones de pesos.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
