Araucanía

La evidencia que incrimina a Carabineros de Pucón tras la divulgación de la carpeta de investigación en el llamado “Caso Ulloa”.

  • Un informe de la policía uniformada en el caso presenta datos que han sido considerados por investigadores y testigos como inexactos. Además, las fechas mencionadas no coinciden adecuadamente, dado que se generan con una semana de anticipación a la solicitud de la patente, lo cual carece de lógica, puesto que dicha tramitación debería realizarse después de ingresar los datos de los contribuyentes. La policía ha iniciado una indagatoria interna.

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A pesar de que aún faltan algunas definiciones previas al juicio oral, el proceso en el conocido “Caso Ulloa” avanza. La acusación contra Juan Antonio Ulloa, jefe suspendido de Rentas y Patentes de la municipalidad, ha permitido la liberación de las pruebas contenidas en la carpeta investigativa. A partir de esto, han surgido nuevos antecedentes que respaldan el caso liderado por el fiscal de Pucón, Jorge Calderara, quien busca demostrar los cargos de tráfico de influencias y fraude al fisco que se imputan al funcionario público, quien también aspiró a la alcaldía el año pasado.

Dentro de esta indagatoria —que se enfoca principalmente en la obtención de una patente limitada de alcoholes solicitada por una persona vinculada al imputado, usando datos inexactos (y supuestamente con un “palo blanco”), que luego fue vendida por una suma millonaria—se han planteado dudas sobre la actuación de Carabineros en el proceso de obtención de dicha patente.

Para obtener una patente limitada de alcoholes, es necesario presentar, entre otros documentos, un informe de Carabineros que valide la información proporcionada por los solicitantes. En el caso de la patente en cuestión, fue solicitada por Carolina Estrada Moreno el 08 de agosto de 2023. Sin embargo, la carpeta revela incongruencias. La solicitud de informe por parte de la municipalidad está fechada en julio de 2023. Es decir, la consulta a Carabineros, firmada por el exalcalde Carlos Barra y que pregunta por el domicilio (Camino Internacional 3660) indicado por la supuesta comerciante, se realizó un mes antes de que se presentara formalmente la solicitud. Esto sugiere que el proceso carece de fundamento lógico; lo razonable sería que la consulta se hiciese tras la presentación de la solicitud.

Aún más problemático es el informe emitido por Carabineros. El documento está fechado el 01 de agosto, es decir, una semana antes de que se solicitara la patente. El informe, firmado por el suboficial Luis Larrañaga y la mayor de ese momento, María Elena Cofré, contiene datos que, conforme a la carpeta del fiscal y a la investigación de la PDI, están distantes de la realidad.

“El suscrito, acompañado por esta oficina de Integración Comunitaria, se constituyó en Camino Internacional Nº 3.360 de la comuna de Pucón, comprobando que en la citada dirección existen unas cabañas, restaurante y cafetería de propiedad de la contribuyente Carolina Estrada Moreno, y que esto no contradice los requisitos legales para la obtención de la patente de alcoholes”, se detalla en el informe. No obstante, se evidenció que en el lugar solo había cabañas y nada que pudiera ser considerado un restaurante o cafetería, como también lo certificaron informes posteriores de inspectores municipales y la investigación liderada por el subprefecto Alexis Díaz de la PDI. Además, el lugar no era propiedad de la contribuyente Carolina Estrada. Lo que es más, verificaciones posteriores demostraron que la joven de 23 años ni siquiera residía allí.

Consultados sobre esto, Carabineros indicó que se ha abierto una investigación interna para esclarecer las circunstancias que rodearon la elaboración de dicho informe. Sin embargo, esta indagatoria es de carácter administrativo. Aclararon que, si se identifica algún delito, corresponde al fiscal llevarlo a los tribunales. Por su parte, el caso que involucra a Juan Antonio Ulloa cuenta con una acusación presentada. El fiscal Calderara ha solicitado una pena de cinco años de presidio menor en su grado mínimo, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa equivalente a la mitad del negocio que se demuestre en el juicio.

Además, existe la posibilidad de que se reabra la causa, tras una solicitud del municipio demandando nuevas diligencias, especialmente relacionadas con la toma de declaraciones. Esta solicitud se evaluará en una audiencia programada para el próximo 9 de octubre.

La solicitud

A continuación, se presenta la solicitud de informe firmada por el exalcalde Carlos Barra, fechada en julio de 2023, un mes antes de la solicitud formal de la patente.

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El informe policial

A continuación, el informe firmado por el suboficial Larrañaga y la mayor de la época, María Elena Cofré.

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Con Información de www.lavozdepucon.cl

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