Por Cristian Alvarez
Este lunes, ante el notable incremento de este servicio y la vigencia de la ley que lo regula, la Dirección de Trabajo anunció un proceso de fiscalización dirigido a las empresas de aplicaciones digitales que operan en el «delivery» de diversos productos utilizando vehículos ligeros como bicicletas y motos. Su director, Pablo Zenteno, enfatizó que la supervisión se centrará exclusivamente en aspectos laborales, sin abordar temas de migración. Los representantes sindicales de estos trabajadores también manifestaron la importancia de obtener datos para comprender la situación laboral en este sector. Las multas por incumplimientos podrían alcanzar hasta los $4 millones de pesos.
Estos servicios brindan rapidez y comodidad en el transporte de diferentes productos. Sin embargo, su crecimiento desmedido y el descontrol actual generan precariedad para quienes dependen de ellos, enfrentando severos riesgos para ganarse la vida de manera digna. Por estas razones, esta intervención estatal resulta vital para identificar tanto las prácticas adecuadas como las deficiencias que persisten. Este lunes, la Dirección del Trabajo anunció oficialmente un proceso de supervisión hacia los sistemas de entrega de productos y servicios provenientes de aplicaciones digitales, comúnmente conocidas como “delivery”.
Después de una hora de retraso debido a un imprevisto, el director dio inicio a este proceso en pleno centro histórico de Santiago. Las fiscalizaciones se llevarán a cabo hasta mayo e incluirán 100 supervisiones aleatorias y sorpresivas en diversos lugares de Santiago y otras regiones del país, al menos en esta primera etapa. Se revisarán nueve aspectos clave como Contratos (cumplimiento de cláusulas laborales), Remuneraciones (pago del salario mínimo garantizado), Seguridad (seguro de daños y elementos de protección), y Transparencia (acceso a datos y funcionamiento de algoritmos). Esta fiscalización se enfocará en dos tipos de trabajadores: los Riders/Delivery, que son quienes entregan bienes o productos, y los Pickers, que son los encargados de preparar los pedidos en supermercados y tiendas de retail. Es importante destacar que estas fiscalizaciones abordarán únicamente aspectos laborales, sin tratar temas migratorios, considerando la fuerza laboral que desempeña estas funciones: “Nuestro enfoque será la fiscalización en temas laborales. Nuestro papel es aplicar las disposiciones que establece la legislación laboral vigente, y nuestras medidas incluyen sanciones o multas, así como la facultad de suspender actividades si se detecta un riesgo para la seguridad de los trabajadores. Si en el transcurso de la fiscalización se identifican situaciones que impliquen riesgo para la vida y seguridad de los trabajadores, se tomarán las medidas pertinentes, aunque la norma general es constatar los incumplimientos”, afirmó el director del Trabajo, Pablo Zenteno, al detallar estos procedimientos.
Desde las organizaciones sindicales, Angélica Salgado, responsable del Área de Nuevas Formas de Trabajo de la CUT, subrayó la necesidad de recopilar información sobre estas labores, dada la explosión en la demanda de estos servicios: “Es fundamental contar con esta información hoy en día; es un argumento esencial para identificar quiénes no se ajustan a lo que las plataformas establecen según la ley… La percepción y la realidad cotidiana de los trabajadores contrastan con lo que indica la ley. Resulta crucial para la Central disponer de esta información, ya que parte del trabajo de la CUT implica pertenecer al Consejo Superior Laboral, lo que permite discutir y avanzar en el cumplimiento de esta legislación. Esperamos contar con datos verídicos”, enfatizó. Crisbel López, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Aplicaciones y Plataformas de Servicio, también destacó la relevancia de estos procedimientos, especialmente considerando los años transcurridos desde la promulgación del marco legal para estas actividades: “Consideramos que esta fiscalización es esencial, dado que la ley fue promulgada hace tres años y, en su mayoría, las empresas o plataformas no cumplen con lo estipulado, como el pago y las tarifas, así como las propinas dejadas por los clientes que no se registran. Además, en el caso de los repartidores en bicicleta, la falta de protección y equipamiento es evidente; nosotros debemos asumir todos los costos. También cumplimos con horarios que superan las 12 horas de conexión para obtener ingresos”, declaró la representante.
Las multas por incumplimiento pueden variar entre 3 ($204.102) y 60 ($4.082.040) UTM, según su valor actualizado de marzo, que es de $68.034. Estas fiscalizaciones se suman a las iniciativas de otros organismos gubernamentales, como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que desde hace algunos años supervisa el uso de vehículos, particularmente motocicletas, por parte de estas aplicaciones.
Con Información de radioportales.cl
