Ante la creciente demanda ciudadana por soluciones más eficaces frente a la delincuencia, la creación del Ministerio de Seguridad Pública ha generado tanto expectativas como escepticismo. La instauración de esta nueva entidad gubernamental busca atender de manera especializada y profesional las cuestiones de seguridad. Sin embargo, es fundamental no pasar por alto un aspecto esencial en el desarrollo e implementación de políticas públicas en este ámbito: la descentralización.
La inseguridad en las ciudades no es un fenómeno uniforme y está lejos de ser estático. Las causas detrás de los delitos difieren notablemente de una localidad a otra, y lo que podría ser una preocupación menor en una zona puede representar un grave problema en otra. La experiencia de diversos países demuestra que las soluciones centralizadas, que desatienden las particularidades locales, suelen resultar ineficaces, o incluso contraproducentes. Por ende, la seguridad debe ser considerada un reto que involucra tanto a las autoridades nacionales como a las locales.
En este contexto, la descentralización se torna crucial. La estrategia de seguridad no puede ser concebida ni ejecutada exclusivamente desde el nivel central, ya que un problema tan diverso no puede resolverse con una única solución. Cada región, cada comuna, cuenta con sus propias dinámicas, necesidades y desafíos. Por ejemplo, en ciertas áreas urbanas, el narcotráfico puede ser la principal fuente de violencia, mientras que en otras, la pobreza y la falta de oportunidades laborales impulsan la delincuencia. Un enfoque uniforme desde Santiago podría carecer de la flexibilidad y el conocimiento necesarios para abordar estas realidades específicas.
Por esa razón, es vital evitar la concentración de poder en el Ministerio de Seguridad Pública y, en cambio, promover un modelo de gestión colaborativa entre los diferentes niveles de gobierno. La clave radica en diseñar políticas de seguridad de manera flexible, de forma que cada municipio y región pueda adaptar las estrategias a sus condiciones particulares. Esto no implica restar autoridad al Ministerio Central, sino complementarlo con la experiencia y el conocimiento local que poseen las administraciones municipales.
Un ministerio centralizado, sin una conexión clara con los gobiernos municipales y regionales, corre el riesgo de convertirse en una estructura desvinculada de la realidad en las calles. Es esencial que las municipalidades, al estar más cercanas a la ciudadanía y a los problemas locales, asuman un rol más activo en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de seguridad. Además, ellas son responsables de la gestión del espacio público y la integración de servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida, como el transporte, el urbanismo y la educación, todos factores cruciales en la prevención del delito.
La descentralización no se reduce a una cuestión administrativa; también es un tema de justicia. Las regiones del país que se sienten más vulnerables y que históricamente han quedado al margen de las decisiones políticas importantes merecen tener voz y voto en la formulación de políticas que les afecten directamente. Sin esta participación, se corre el riesgo de que las soluciones diseñadas en la capital no aborden, e incluso agraven, las tensiones sociales y territoriales en otras zonas del país.
Si el Ministerio de Seguridad Pública se limita a formular políticas de ámbito nacional sin la participación activa de los actores locales, el esfuerzo será en vano. La inclusión activa de municipalidades y regiones no solo optimiza el uso de recursos, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Las políticas de seguridad deben construirse desde el territorio y en colaboración con la comunidad, en lugar de ser impuestas desde arriba.
En conclusión, la descentralización no es una opción, sino una necesidad si pretendemos que las políticas de seguridad sean verdaderamente efectivas y sostenibles a largo plazo. Solo un enfoque descentralizado, en el que el Ministerio de Seguridad Pública actúe como un ente coordinador que apoye a los gobiernos locales y regionales, podrá abordar exitosamente el complejo fenómeno de la delincuencia. La seguridad es más que un tema de leyes y operativos; es un reto comunitario que exige la colaboración entre todas las partes involucradas.
Con Información de www.elrancaguino.cl
