La crueldad se está legitimando por algunos líderes políticos y encuentra eco en sectores de la población que ven en ella una forma de generar orden en su descontento. Lo que antes era impensado, hoy se festeja y viraliza. La crueldad se ha transformado en una herramienta política.
Un claro ejemplo es el mensaje de un candidato presidencial hacia los migrantes irregulares: “Se van por su propia voluntad o los vamos a sacar”, acompañado de un conteo regresivo hacia una eventual presidencia. Esto no busca solucionar la crisis migratoria, sino generar miedo. Ese miedo recae en personas concretas: familias que han huido de la violencia, trabajadores que lo han dejado todo, niños que llegaron sin entender de fronteras ni trámites. Al mismo tiempo, busca apoyo entre quienes buscan a alguien a quien culpar por sus propios miedos, frustraciones y carencias.
La crueldad funciona porque convierte a un grupo vulnerable en el blanco de la ira social. Crea una narrativa que entrega un alivio emocional inmediato: identificar culpables y castigarlos. En temas de seguridad, esta lógica se vuelve aún más peligrosa. Cuanto más dura es la propuesta, más apoyo obtiene. Cuanto más humillante es la promesa, mayor sensación de control se genera. La justicia se sustituye por la venganza y la política se reduce a crear y gestionar resentimientos.
Así, una parte de la sociedad empieza a sentirse moralmente habilitada para exigir sufrimiento ajeno como forma de reparación simbólica. Muchos aplauden la amenaza de expulsión sin cuestionarse su efectividad o legitimidad. La crueldad se convierte en una identidad compartida: un “nosotros” que se reafirma castigando a los “otros”. Este es siempre el primer aviso del deterioro de la convivencia democrática.
Defiendo sin ambigüedades el Estado de Derecho: fronteras reguladas, procedimientos claros y políticas migratorias coherentes. Pero otra cosa es usar la política como arma para meter miedo. Hoy, el “chivo expiatorio” son los migrantes; mañana pueden ser las personas sin hogar, las barras bravas, las diversidades sexuales, los ambientalistas o los pueblos originarios. Cuando un liderazgo cruza esa línea, la dignidad humana deja de ser un principio y se vuelve prescindible. En esos momentos, la desobediencia civil pacífica y no violenta se convierte en un deber moral. No es romanticismo: la evidencia lo respalda. Un estudio de más de 300 movimientos sociales del siglo XX demostró que las movilizaciones pacíficas tuvieron el doble de éxito que las violentas. La dignidad no solo es justa: es efectiva.
Chile ya experimentó esta tensión. Las manifestaciones pacíficas de 2019, legítimas y multitudinarias, fueron opacadas por la violencia, y el resultado fue que los extremos se chilenizaron dos procesos constitucionales que la ciudadanía rechazó rotundamente. Hoy, la crueldad amenaza con ocupar ese mismo espacio, esta vez desde el discurso institucional.
La crueldad motiva y mueve. La dignidad no genera aplausos inmediatos, pero establece las bases de la convivencia. Es inmoral usar la crueldad como herramienta política, y por eso el próximo gobierno se enfrentará a un desafío mayor que cualquier reforma: reconstruir la noción de comunidad. Ningún país tiene futuro si se sostiene sobre el miedo hacia grupos vulnerables y la sed de venganza de las mayorías. La dignidad humana debe ser el piso común, no un privilegio de algunos.
Por Marcelo Trivelli
Con Información de portalmetropolitano.cl
