La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado diversas irregularidades en la gestión, custodia y destrucción de drogas incautadas en diferentes servicios de salud a nivel nacional. Esto se deriva de la revisión de 17 informes confidenciales enviados al Ministerio Público para su investigación.
El organismo fiscalizador detectó múltiples incumplimientos a la Ley N° 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, evidenciando fallas en los procesos de recepción, registro, almacenamiento y eliminación de las evidencias enviadas por las fuerzas policiales.
Uno de los hallazgos más destacados fue la discrepancia en los registros de peso entre lo anotado en las actas de decomiso y lo que realmente se verificó en el terreno por los fiscalizadores. Estas inconsistencias, según la Contraloría, implican una pérdida de trazabilidad respecto a las sustancias, que incluyen decomisos de plantas de cannabis tanto de Carabineros como de la PDI.
Además, se identificaron errores en los sistemas de registro de algunos servicios de salud, que en ciertas ocasiones operaban con simples planillas Excel, y se verificaron siete errores de transcripción en los registros revisados, sin las medidas básicas de seguridad adecuadas.
Retrasos e incumplimientos en la gestión de drogas
La auditoría reveló que las policías no respetaron el plazo legal de 24 horas que establece la Ley 20.000 para la entrega de drogas incautadas a los servicios de salud. También se documentaron retrasos que alcanzaron hasta 350 días en la entrega de los análisis químicos al Ministerio Público, lo que infringe la normativa vigente y afecta la prontitud de las investigaciones judiciales.
Un aspecto crítico mencionado por la CGR son las deficiencias en la infraestructura de bodegas y oficinas destinadas a la custodia de los decomisos. En varias instalaciones, las drogas se almacenaban en bolsas rotas o en el suelo, careciendo de las condiciones exigidas por la ley y de los elementos de protección personal necesarios para el personal.
Los fiscalizadores también identificaron fallas en los sistemas de seguridad, tales como cajas fuertes en mal estado, la ausencia de cámaras de vigilancia, falta de ventilación y control ambiental, así como la no existencia de registros de acceso a las bodegas. En algunos casos, se observaron tarjetas sin identificación utilizadas para ingresar a áreas restringidas.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias tanto estructurales como de procedimiento presentan riesgos para la seguridad de los trabajadores. En particular, se notó la falta de vehículos adecuados para el transporte de estupefacientes y la inexistencia de espacios exclusivos para almacenar sustancias líquidas o residuos tóxicos, lo que podría ocasionar derrames, explosiones o incendios.
Por último, el informe concluye que no existe un sistema informático nacional unificado que permita controlar y dar trazabilidad al ciclo completo de las drogas incautadas, desde su recepción hasta su destrucción, lo que genera lagunas de información y debilidades en la supervisión estatal.
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Con Información de elcontraste.cl
