Biobío

La Contraloría identificó más de $400 millones en irregularidades relacionadas con la toma del SIMCE 2024.


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Contraloría

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha expuesto serias deficiencias en la aplicación del SIMCE 2024, realizada por la Agencia de Calidad de la Educación (ACE). Se identificaron irregularidades que superan los $400 millones de pesos, abarcando incumplimientos contractuales, falta de control y errores administrativos en el proceso de evaluación.

Según el Informe Final, la ACE no efectuó los cobros correspondientes a multas por incumplimientos a empresas encargadas de diversos servicios vinculados al examen nacional. Estas omisiones generan un daño considerable al patrimonio público, información que fue publicada en su página oficial.

Entre los casos más significativos se destaca la ausencia de cobro de $43 millones a un proveedor que utilizó examinadores no acreditados para evaluar a estudiantes con discapacidad sensorial. Asimismo, se omitieron sanciones por $276 millones en 699 cursos donde no se contaba con acompañantes de aula para alumnos con necesidades educativas especiales.

Otras irregularidades detectadas por la Contraloría

El informe también identificó inconsistencias en los registros de asistencia de los estudiantes. En 34.415 casos, alumnos que figuraban como presentes en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) fueron reportados como ausentes en los registros de la Agencia, afectando así la validez de los resultados del SIMCE en esos puntos.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Agencia de Calidad a gestionar el cobro de más de $56 millones en multas dentro de un plazo de 60 días hábiles y a iniciar sumarios administrativos para determinar posibles responsabilidades. También exigió mejoras en los controles internos y en los mecanismos de verificación de asistencia para evitar futuras irregularidades.

El SIMCE, una herramienta crucial para evaluar la calidad educativa en el país, está nuevamente bajo cuestionamiento, tanto por la gestión de sus recursos como por la fiabilidad de su implementación. La Contraloría enfatizó la necesidad de fortalecer la fiscalización y asegurar que las empresas contratadas cumplan con todas las condiciones requeridas.

Si las medidas solicitadas no se cumplen, el ente fiscalizador advirtió que podría emprender acciones formales y administrativas contra los responsables.

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Con Información de elcontraste.cl

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