Una crítica situación en las cárceles de Chile fue expuesta por Ignacio Videla, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), durante la Comisión de Seguridad Pública del Senado. En su intervención, destacó que las condiciones para que los funcionarios realicen su trabajo de manera profesional son totalmente insuficientes.
Videla indicó que hay personal que ha permanecido 20 años en el mismo puesto, y muchos funcionarios no disponen de uniformes ni de la logística necesaria, además de ser sometidos a una sobrecarga laboral. La cantidad de personal, entre uniformados y no uniformados, alcanza las 20 mil personas, que deben atender a una población penal que triplica este número, llegando cerca de 60 mil internos.
“Estamos en estado de alerta como gendarmes, ya que las condiciones mínimas para realizar nuestro trabajo no están garantizadas. Incluso carecemos de vehículos para llevar a cabo los traslados que exige la justicia; además, los chalecos de seguridad, tanto balísticos como antiapuñaladas, están vencidos, así como la munición”, advirtió.
El dirigente nacional también subrayó la gran inquietud que existe en la institución, dado que los gobiernos de los últimos años solo han implementado soluciones temporales, mediante una ley corta que mejora momentáneamente las condiciones para el personal, pero no aborda el problema de raíz.
“Necesitamos una reforma estructural; una carrera que hasta ahora no se ha impulsado. No sé si los recursos están llegando o no, pero en nuestra experiencia diaria no vemos mejoras significativas y trabajamos en condiciones indignas, a pesar de que se nos exige proporcionar dignidad a la población penal”, enfatizó el dirigente.
Además, mencionó que desde hace más de diez meses participan en una mesa de negociación con el Ministerio de Justicia, aunque el diálogo no ha producido resultados. “Estamos en la situación de que dos funcionarios de Gendarmería deben gestionar entre 400 y 600 internos por módulo; nuestras unidades penitenciarias, diseñadas para 1600 y 1700 internos, están actualmente sobrepasadas, triplicando la carga de trabajo de estos dos funcionarios”, explicó.
En la región de Arica y Parinacota, desde la Oficina Interna de Seguridad (OSI), se ha documentado que hay 290 reos, hombres y mujeres, pertenecientes a 131 bandas de crimen organizado, como “Los Gallegos”, “Del Coro”, “Banda del Fentanilo” y “Clan del Golfo”, quienes no tienen respeto por la vida.
“Estas bandas criminales amenazan a nuestro personal en las unidades penales, amedrentándolos e incluso realizando seguimientos a sus familias. Lo que vivimos es insostenible, y lamentablemente, las autoridades que nos administran son indiferentes a la situación, ya que no experimentan nuestro día a día, lo que nos genera una profunda desazón y un sentimiento de abandono”, afirmó el dirigente gremial.
Aclaró que, aunque los funcionarios gubernamentales perciben esta realidad como un problema distante, “es una situación que nos afecta a todos, porque las dinámicas en las cárceles reflejan lo que sucede en la sociedad. Por ello, estamos comprometidos con la seguridad pública, utilizando los escasos recursos que tenemos, pero merecemos respeto y mejoras en nuestras condiciones laborales como funcionarios del Estado.”
Tras la presentación, en la que se señalaron también deficiencias en uniformes y materiales de oficina, la Comisión de Seguridad decidió oficiar al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para evaluar el presupuesto destinado al personal y equipo en los últimos años, y determinar si se ha incrementado para satisfacer las necesidades del cuerpo de funcionarios, además de conocer el estado de la carrera funcionaria.
El senador José Miguel Durana, quien facilitó la exposición del dirigente de ANFUP, lamentó la grave situación que enfrentan los funcionarios de Gendarmería, quienes exigen una carrera digna y un trato justo, considerando su papel crucial en la cadena de seguridad del país.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
