La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar las expulsiones administrativas, otorgando nuevas y mayores facultades a la Subsecretaría del Interior y a las fuerzas policiales, así como extendiendo los plazos de prohibición de ingreso al país.
El presidente de la Comisión, el diputado independiente Rubén Oyarzo, subrayó que “esta ley recibió un apoyo considerable por parte de la mayoría en la Comisión de Gobierno Interior y ha sido despachada a la Sala”.
En este sentido, destacó que la propuesta “permite que las fuerzas policiales accedan a lugares donde se encuentren personas con orden de expulsión administrativa” sin necesidad de una orden judicial.
Asimismo, mencionó que con esta iniciativa “se establecen plazos de prohibición de ingreso de 5 a 10 años, y hasta 25 años en casos de delitos que comprometen la seguridad del Estado”.
Oyarzo también indicó que la iniciativa “mejora el procedimiento de expulsión, asegurando el respeto al debido proceso” y que representa “una ley fundamental, en la que seguimos priorizando la problemática de la migración ilegal, permitiendo al subsecretario intensificar las expulsiones”.
Por otra parte, la ley establece que la expulsión administrativa se aplicará ante infracciones al orden público, contemplando la posibilidad de una expulsión inmediata para quienes cometan un delito, además de establecer un procedimiento para que el Ministerio Público determine si ello repercute en procesos o investigaciones vigentes.
El diputado enfatizó la relevancia de esta ley al señalar que “tenemos 30 mil extranjeros con expulsiones administrativas y hasta la fecha, apenas se han llevado a cabo poco más de 500 expulsiones”.
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