La Cámara de Diputados ha dado su apoyo a las modificaciones propuestas por el Senado para el proyecto iniciado por el Ejecutivo, cuyo objetivo es establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro en funerales considerados de riesgo para la seguridad y el orden público.
Este proyecto regula la celebración de funerales que podrían representar un riesgo fundamentado para la seguridad y el orden público, tras una calificación hecha por el delegado o delegada presidencial, conforme a lo definido por la normativa vigente.
Bajo esta propuesta, la autoridad correspondiente deberá ordenar, en el plazo más breve posible, que la inhumación o cremación se ejecute dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. Sin perjuicio de la clasificación de riesgo, Carabineros tendrá la facultad de evaluar el nivel de riesgo de los funerales según lo considere necesario para sus operaciones y estrategias.
La resolución emitida por el delegado/a presidencial tomará en cuenta un informe técnico de Carabineros que incluirá antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias de su muerte, y cualquier otro aspecto que el reglamento determine.
Este informe deberá ser presentado al delegado/a presidencial en un plazo máximo de dos horas desde que se tenga conocimiento del deceso. Al mismo tiempo, la institución definirá el tipo de despliegue y recursos requeridos para manejar el riesgo asociado al funeral y comenzará a implementar las acciones operativas necesarias.
Para la calificación de riesgo, el delegado o delegada puede solicitar información adicional a la PDI y a Gendarmería. También, cualquier órgano de la administración estatal que disponga de información sobre un posible riesgo en un funeral deberá comunicarlo de inmediato a la Delegación Presidencial Regional. Todos estos antecedentes serán confidenciales.
Plazo para el entierro
La futura legislación establece que el proceso funerario completo deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas. Esto incluye la inscripción de la defunción en el Registro Civil, la identificación y el traslado del fallecido desde el lugar de la muerte o desde el Servicio Médico Legal hasta el lugar donde se realice la sepultura o cremación. Además, la inhumación debe efectuarse en un cementerio o crematorio autorizado según el Código Sanitario.
Una vez emitida la resolución del delegado/a, se comunicará de inmediato al Registro Civil. Igualmente, la notificación de esta resolución será realizada personalmente por Carabineros a un adulto, siguiendo el siguiente orden: cónyuge o conviviente civil sobreviviente, hijos, ascendientes y hermanos.
Delitos en el contexto de funerales de riesgo
Respecto a los posibles delitos que ocurran en el marco de estos funerales, se establece que las penas aplicables no incluirán el grado mínimo. Por ejemplo, en infracciones relacionadas con la ley de armas o el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes.
En este sentido, se consideran delitos cometidos dentro del cementerio o crematorio donde se lleve a cabo la sepultura o cremación del fallecido, así como durante la ceremonia fúnebre, sus alrededores o durante el traslado del cortejo. Se entenderá por inmediaciones una distancia de mil metros desde los límites del cementerio.
Asimismo, Carabineros podrá determinar la ruta del traslado del fallecido y deberá garantizar la seguridad durante todo el proceso funerario. También tendrán la potestad de verificar la identidad de los participantes y prohibir la entrada de objetos que puedan causar lesiones o daños, así como de personas bajo efectos de alcohol o drogas.
Aquellos que incumplan las restricciones establecidas para estos funerales se enfrentarán a penas de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años y un día) y una multa de entre 10 y 20 UTM.
Debate
La mayoría de los legisladores valoran el avance hacia el control de los delitos asociados a los “narcofunerales”, caracterizados por el uso de armas, disparos al aire y fuegos artificiales, que generan temor en las comunidades y obstaculizan actividades cotidianas como el funcionamiento de centros de salud y clases escolares.
En esta línea, destacaron que se brinda nuevas herramientas a Carabineros para asegurar la seguridad de la ciudadanía.
No obstante, la oposición considera que la norma es insuficiente. Criticaron que se legitimen este tipo de funerales de alto riesgo vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Algunos diputados de RN manifestaron su deseo de que el texto fuera enviado a la Comisión Mixta, al considerar que se están imponiendo más responsabilidades a Carabineros.
Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó que no se busca normalizar estos funerales, sino sancionarlos. También subrayó que la medida reduce el plazo para realizar el funeral de 48 a 24 horas y establece que no habrá velorios, pasando directamente al cementerio.
Además, desestimó que esta ley sobrecargue las funciones de Carabineros, señalando que actualmente ya elaboran informes sobre los antecedentes delictuales de los fallecidos.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
