La Cámara de Diputados dio su visto bueno al presupuesto asignado al Ministerio de Salud, que es el segundo más alto para el año 2025, totalizando $16 billones; sin embargo, excluyó las controversiales terapias hormonales de reasignación de sexo.
Además, restauró los fondos destinados a todos los servicios de salud del país, así como la reintegración de recursos para Fonasa y Atención Primaria. También se destinarán fondos a los programas de Prestaciones Institucionales, Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico, la Subsecretaría de Redes Asistenciales e Inversión en salud sectorial.
En contraste, la Sala rechazó los fondos de transferencia de capital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales hacia el sector privado (317 mil millones de pesos) y hacia el gobierno central a la Dirección General de Concesiones (517 millones). Esta decisión fue tomada tras la votación separada solicitada por la diputada Ana María Gazmuri (PAH).
Además de las solicitudes de información, se aprobaron 11 indicaciones parlamentarias que imponen nuevas obligaciones a la cartera. Por ejemplo, se respaldó la indicación de la diputada Natalia Romero (IND) para que en el catastro nacional de pacientes con Diabetes Tipo I se defina una estrategia para revisar la canasta de tratamiento, particularmente para niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la diputada Carla Morales (RN) vio aprobadas tres indicaciones relacionadas con prestaciones oncológicas:
– Se implementará y mantendrá en operación el Registro Nacional del Cáncer; se evaluará y revisará por parte de los ministerios de Salud y Hacienda la cronología de la Reconstrucción Mamaria, ampliación de cobertura y tratamiento para cáncer de mama en menores de 15 años; y se incluirán hasta $200.000 millones en el presupuesto de Fonasa para resolver la lista de espera oncológica GES y No GES.
Asimismo, el diputado Daniel Lilayú (UDI) logró que parte de los recursos de Fonasa sean destinados a la compra de mamógrafos móviles.
La Sala también apoyó la iniciativa de Daniella Cicardini (PS) para incluir en los gastos de atención primaria estrategias de seguridad para el personal y los pacientes dentro de los recintos hospitalarios.
Del mismo modo, se apoyaron tres indicaciones similares presentadas por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos) y Miguel Mellado (RN), la bancada republicana, junto con el diputado Daniel Lilayú (UDI), que prohíben al Ministerio de Salud financiar gastos relacionados con terapia hormonal de bloqueo de pubertad, hormonación cruzada y operaciones de reasignación de sexo para menores de edad con disforia de género.
Asimismo, los diputados RN Andrés Celis y Miguel Ángel Becker lograron respaldo a una indicación que establece que en las prestaciones de los Servicios de Salud y prestaciones GES, a menos que se trate de situaciones que eviten directamente un riesgo de muerte o secuelas funcionales graves, los chilenos, los nacionalizados y los extranjeros con situación migratoria regular tendrán preferencia.
Finalmente, se aprobó la indicación de la diputada Yovana Ahumada (IND) para que en los convenios relacionados con la atención preferente de los usuarios de la ley 20.595, se consideran condiciones mínimas de trato y acceso para adultos mayores y personas con discapacidad que necesiten apoyo debido a la falta de conectividad vial a los centros de salud.
Durante la discusión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, elaboró sobre varios aspectos del presupuesto, subrayando la complejidad de la situación, debido al envejecimiento de la población y al rezago en la atención de salud posterior a la pandemia.
En cuanto a los hospitales, se refirió a la reactivación de la construcción de varios de ellos y a la reasignación de 590 mil millones al subtítulo 22, antes de finalizar 2024, para completar su gasto.
La ministra presentó ante la Sala un protocolo de salud que abarca cuestiones de atención primaria, listas de espera, contratación de médicos, la Ley Ricarte Soto y la formación de especialistas.
Por su parte, el ministro de Hacienda mencionó temas adicionales sobre infraestructura que no están incluidos en el protocolo, como la adquisición de terrenos para el Hospital Van Buren de Valparaíso y recursos para que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile aplique plenamente la ley que lo integra al sistema público de salud.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
