Carolina Becerra
Coordinadora de Prufodis y académica en la Facultad de Educación, U. Central
La elección de un médico veterinario para dirigir el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), una entidad estatal encargada de garantizar derechos a las personas con discapacidad en Chile, plantea interrogantes sobre los principios de la política pública nacional. Más allá de las credenciales del profesional, esta decisión refleja una visión que despoja a la discapacidad de su dimensión humana, convirtiéndola en un tema de gestión técnica.
El paralelismo con la historia de Australia es significativo. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, los pueblos indígenas fueron gestionados bajo ministerios de agricultura y ganadería, siendo tratados como «recursos» relacionados con la producción, en lugar de ser reconocidos como sujetos con historia, cultura y derechos. Esto dio pie a un proceso de deshumanización y control que afectó a generaciones, evidenciado en prácticas como las «generaciones robadas», y cuya lógica de cosificación comenzó a desmontarse solo en la década de 1970.
En el caso chileno, al designar a una persona ajena a áreas como los derechos humanos, la inclusión social o la discapacidad, se corre el riesgo de reintegrar un enfoque similar: las personas se convierten en «casos» a gestionar, en lugar de ser protagonistas de sus vidas y decisiones que les afectan. Este enfoque simbólico socava los avances normativos en derechos, debilitando la conversión de un paradigma asistencialista a uno de plena ciudadanía.
Lo más alarmante es que esta decisión ignora la existencia de profesionales chilenos altamente cualificados en el área de la discapacidad, incluyendo académicos, investigadores y expertos con experiencia nacional e internacional, que son ignorados en estos procesos de selección para el liderazgo del SENADIS. Al excluirlos, el Estado no solo margina sus capacidades, sino que también silencia la voz de las personas con discapacidad, vulnerando su soberanía epistémica y su derecho a participar en la definición de políticas que afectan sus vidas.
En lugar de fomentar un entorno inclusivo, el Estado parece retroceder a lógicas de control que ya creíamos superadas. Chile se presenta ante foros internacionales como defensor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Inclusión Laboral, pero en la práctica, deja de lado a aquellos que poseen la experticia y legitimidad para hacer realidad ese discurso.
No se cuestiona la idoneidad de la veterinaria en su ámbito específico, sino la relevancia política y ética de su aplicación en este contexto. La discapacidad es un componente fundamental de la diversidad humana y debe ser entendida desde una óptica de dignidad, justicia y derechos. La falta de esta perspectiva abre paso a una regresión institucional hacia prácticas que recuerdan a la administración colonial de poblaciones.
La lección de Australia es clara: cuando los Estados confunden la gestión de recursos con la garantía de derechos, lo que se pierde es la humanidad de las personas. Chile no puede repetir esa historia bajo nuevas formas de deshumanización burocrática.
El artículo La gestión de la discapacidad y la erosión de la dignidad humana se publicó por primera vez en Osorno en la Red.
Con Información de osornoenlared.cl
