Al dictar las prisiones preventivas para los 62 acusados en la Operación Apocalipsis, entre los que se incluyen 42 ex gendarmes, el juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, señaló que «la corrupción organizada dentro de los recintos penitenciarios afecta directamente uno de los pilares más delicados del Estado: el control legítimo de la privación de libertad».
La Fiscalía Metropolitana Occidente los acusó de ser responsables de los delitos de agrupación criminal, lavado de activos, cohecho (simple y agravado) y soborno, cometidos desde 2020 en las cárceles de la región Metropolitana, especialmente en Santiago 1. El juez consideró a estos individuos un riesgo para la sociedad.
“Cuando aquellos que deben custodiar el sistema lo utilizan como plataforma para el lucro ilícito, el riesgo trasciende lo individual y adquiere una dimensión estructural. Las circunstancias personales presentadas por las defensas, como el arraigo, la falta de antecedentes penales, las cargas familiares y la desvinculación laboral, son factores que se deben considerar, pero no eliminan el peligro que representa pertenecer a redes criminales consolidadas con capacidad de coordinación y permanencia a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva de proporcionalidad, la prisión preventiva se presenta como la única medida adecuada para salvaguardar los fines del procedimiento”, expresó.
Además, remarcó: “Las acciones en investigación no son simple desviación individual ni fracciones administrativas aisladas. Estamos ante una corrupción institucional sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. No se trata solo de incumplimientos de deber, sino de la mercantilización de la función pública, realizada por aquellos que tenían el mandato constitucional de proteger la seguridad y la legalidad, erosionando el pacto social y la autoridad del Estado, poniendo directamente en riesgo la seguridad de la sociedad”.
En este contexto, razonó el magistrado, “la prisión preventiva no es una medida excepcional ni simbólica, sino la respuesta jurídica necesaria ante organizaciones criminales que han convertido el sistema penitenciario en un mercado ilícito”.
Durante las 12 jornadas de formalización, la fiscalía expuso que, desde 2020 hasta la fecha de la detención, el 16 de diciembre pasado, los acusados formaron parte de diversas células criminales compuestas por civiles, internos y funcionarios de Gendarmería de diferentes rangos y funciones, con el propósito de ingresar artículos prohibidos, como teléfonos móviles, alimentos y ropa, a los penales Santiago 1 y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Estos ingresos generaron cuantiosas ganancias para los miembros de estas agrupaciones.
Asimismo, en diligencias de entrada y registro autorizadas por el tribunal, se encontró en las casas fiscales del complejo penitenciario Santiago Uno cocaína en diversas presentaciones y, en los domicilios de algunos detenidos, armas y municiones no registradas.
Además, un grupo de civiles y internos ejecutaron actos delictivos como soborno y cohecho hacia los funcionarios de Gendarmería para omitir su trabajo de custodia e ingresar objetos prohibidos al penal.
Esto se coordinaba a través de los llamados “jefes de manilla” y “manilleros”, civiles organizados que recibían solicitudes de ingresos de objetos prohibidos, así como bandas que promovían la actividad de las “gatitas”, que, sin estar registradas, podían ingresar al penal para realizar comercio sexual a cambio de favores o prebendas.
Otras formas de obtener dinero incluían el “rescate”, que permitía a los gendarmes requisar elementos prohibidos dentro de los módulos penitenciarios, que luego se revendían, y el “cambio de camiseta”, que implicaba alterar, previo pago, la clasificación y ubicación de reclusos.
Conforme los acusados fueron aumentando sus patrimonios, llevaron a cabo diversas acciones de diversificación financiera, incluyendo el uso de testaferros y la adquisición de propiedades o vehículos, con el fin de ocultar el origen ilícito de sus ingresos, lo que establece el delito de lavado de activos.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
