Las revelaciones encontradas en cinco de los diez centros de salud auditados por la Contraloría General de la República son alarmantes, enfocándose en la fiscalización del procedimiento de destrucción de estupefacientes incautados por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Gendarmería y otras fuerzas del orden cada año.
El informe de la Contraloría expone serias irregularidades, incluyendo la recepción de sustancias hasta 288 días después de ser incautadas, superando con creces el límite de 24 horas establecido; además, la quema de estos materiales se realizó hasta 31 días después de su recepción, lo que significa que algunos centros de salud retuvieron estupefacientes durante un mes sin destruirlos.
Se constató también que hay instalaciones que carecen de los espacios adecuados para almacenar estas sustancias decomisadas, siendo apiladas en oficinas, estantes e incluso pasillos donde trabaja el personal. Esto se agrava con la falta de equipamiento adecuado, como hornos para su destrucción.
Para colmo, una vez destruídas las sustancias, ciertos servicios de salud tardaron 384 días en notificar a la Fiscalía, cuando por normativa tal aviso debe hacerse dentro de los cinco días posteriores a la eliminación.
Consecuencias de los hallazgos
Pedro Orthusteguy, ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, explicó que esta falta de rigurosidad en el manejo de los estupefacientes representa un «problema de seguridad para los mismos servicios de salud».
Pese a la gravedad de los descubrimientos, Trevor Oyarzún, experto en criminalística y ex miembro de la PDI, no se mostró sorprendido. Aseguró que es «muy positivo» que se hayan identificado estas irregularidades, pues esto permitirá corregirlas.
Preocupación en el Congreso
El impacto de estos hallazgos ha llegado a la palestra política, donde el diputado Jorge Alessandri de la UDI alertó sobre los potenciales delitos que podrían derivarse de esta situación.
La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, subrayó la erosión del control estatal en el tema del narcotráfico, y enfatizó que no hay espacio para la controversia en este asunto.
Los legisladores expresan su inquietud en un marco de alta inseguridad pública en el que el narcotráfico es uno de los problemas más críticos.
Desde el Senado, Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, anticipó que llamará a la Contralora General de la República y al Ministerio de Salud para que brinden información sobre este grave tema.
Estos son solo los primeros efectos de un hallazgo que podría derivar en la revelación de irregularidades adicionales. De este modo, es el propio Estado, por su falta de rigurosidad, el que facilita que la droga incautada, producto de esfuerzos conjuntos con las policías, regrese a las calles.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
