El Ministerio Público presentó formalmente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cargos contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, por el delito de lavado de activos.
Las medidas cautelares impuestas incluyen arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de comunicarse con personas relacionadas con el caso.
Según el fiscal Marco Muñoz Becker, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la investigación ha logrado reunir pruebas suficientes que indican que el exmilitar realizó actividades para encubrir el origen ilícito de parte de su patrimonio.
“Se identificó un mecanismo sistemático mediante el cual se utilizaban gastos reservados de manera inadecuada, incluyendo un concepto denominado apoyo a excomandantes jefes del Ejército, que consistía principalmente en el pago mensual en efectivo entregado en un sobre cerrado,” explicó el fiscal.
En este contexto, detalló que la formalización de hoy se centra en la recepción mensual de “apoyo a este comandante en jefe, que oscilaba entre 61 y 77 millones de pesos para el pago de cuotas de un crédito hipotecario de un inmueble arrendado, generando utilidades y ganancias que aumentaron con el tiempo, alcanzando una estimación total de alrededor de 170 millones de pesos.”
En cuanto al método empleado para “lavar” estos fondos, Muñoz indicó que “no solo se usaba este dinero con fines de lucro, al adquirir un inmueble y generar rentas, sino que también se utilizaba el sistema tributario para declarar fondos recibidos bajo el concepto de gasto reservado, que no se habían reportado en sus declaraciones de impuestos correspondientes.”
El fiscal señaló que el objetivo de este mecanismo era “obtener una validación del Servicio de Impuestos Internos, indicando que los montos estaban gravados impuestos y, por ende, se configuraba como una conducta de legitimación de dineros ilícitos.” Además, anticipó que podrían haber otros imputados en el caso.
El exjefe castrense también enfrenta una investigación en la justicia militar, acusado de malversación de caudales públicos por más de $6.300 millones entre marzo de 2006 y marzo de 2010 y falsedad de documento militar por la utilización de gastos reservados en esa rama de las fuerzas armadas.
(Imagen de archivo: El Mercurio)
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